En la tierra del merengue y el buen café, se ha armado tremendo lío con el caso del ingeniero y empresario Juan Francisco López Chapor. La vaina es que este señor fue internado en un centro psiquiátrico contra su voluntad, y lo que se cuenta, es un enredo de divorcios, bienes que valen un viaje de cuartos y dos versiones que chocan de frente, como dos guaguas en la autopista. La noticia ha puesto el ojo en la supuesta intervención de una psiquiatra, y el abogado del ingeniero, Héctor Quiñones, asegura que no había ni un chin de razón médica para ese internamiento irregular. La controversia no solo pone en tela de juicio la ética médica, sino también los intríngulis de las relaciones personales cuando hay tanto dinero de por medio, y las implicaciones de la Ley 12-06 de Salud Mental.
Según el Ministerio Público, la entonces esposa de López Chapor, Nancy Estervina de Jesús, fue la que armó el operativo para llevarlo desde su trabajo. A ella, asegura la Fiscalía, la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera le habría dado el visto bueno. La situación, de acuerdo a la versión oficial, escaló cuando tres personas desconocidas –una de ellas vestida como personal de enfermería– lo sometieron, esposaron y hasta le metieron una inyección antes de trasladarlo a la fuerza a un centro de salud mental. ¡Un disparate que a cualquiera le pone la carne de gallina!
Pero, de la otra acera, el abogado de la psiquiatra, Jean Cristopher Pérez, tiene otro cuento. Él afirma que su defendida ni por asomo ordenó el internamiento. Según lo que se cuenta, ella llegó al centro varias horas después de que los familiares del ingeniero lo llevaran por su cuenta alrededor de las 2:00 de la tarde. El personal del centro llamó a la psiquiatra porque los parientes dijeron que ella era la especialista de la familia. La doctora, que tenía otros compromisos, llegó como a las 7:00 de la noche y, tras ver a López Chapor un poco alterado, solo recomendó dejarlo en observación por 24 horas para que descansara y luego volver a su casa. ¡Una versión que cambia el panorama un chin!
El abogado Quiñones, por su parte, insiste en que su cliente estaba trabajando de lo más normal y que no tiene ninguna condición psiquiátrica que justificara el rapto. Para sustentar esto, menciona evaluaciones posteriores del Instituto Nacional de Análisis Forense (Inacif), el Colegio Médico Dominicano (CMD) y otros especialistas que probaron que no había tal condición. Él denuncia que la esposa y la doctora se confabularon para internarlo con un supuesto diagnóstico de ‘adicción a la pornografía’, lo que para muchos suena como un chisme de esquina para desviar la atención.
La famosa ‘nota médica’ también ha provocado un pleito. Pérez, defendiendo a la psiquiatra, dice que la nota de ingreso describía a López Chapor ‘un poco alterado, pero cooperador’ y que solo se dispuso observación, no un internamiento de larga data, y que ella ni le indicó medicamentos. Sin embargo, Quiñones afirma que la nota, firmada por la psiquiatra, sí mencionaba como motivo esa supuesta ‘adicción a la pornografía’ y que a su cliente sí le administraron medicamentos, lo cual Pérez rechaza, asegurando que eso no figura en el expediente que su defensa conoce.
El contexto de esta vaina no es poca cosa. Quiñones sitúa el traslado en medio de un divorcio que, según sus palabras, involucra una fortuna de más de 60 millones de pesos en activos e inmuebles. La pareja, aparentemente, tenía una empresa en común, y la esposa había visitado la oficina del abogado solo dos días antes del incidente para discutir una división equitativa de los bienes. Esto sugiere un trasfondo económico bastante pesado, donde las pasiones y los intereses materiales pueden enturbiar cualquier situación.
En el ámbito legal, la Procuraduría General de la República ha solicitado prisión preventiva contra la psiquiatra Quero Cabrera, acusándola de presunta complicidad en un caso de violencia intrafamiliar, citando artículos del Código Penal. Aunque el Ministerio Público no incluyó en su solicitud la Ley 12-06 sobre Salud Mental, un juez ya impuso a la psiquiatra presentación periódica y una garantía económica de 50,000 pesos. Quiñones considera que la investigación debería ahondar en la Ley de Salud Mental, pues el expediente podría incorporar esa calificación más adelante, algo que, según Pérez, no tiene ni pies ni cabeza.
La Ley 12-06, que rige la salud mental en el país, es clara como el agua: se debe evitar el internamiento involuntario a toda costa. Solo se considera la hospitalización si no hay alternativas ambulatorias y si un médico certificado puede afirmar por escrito que el paciente representa un riesgo grave para sí mismo o para terceros debido a una alteración mental. Incluso si la familia lo pide, la ley exige criterios clínicos y legales que deben cumplirse, incluyendo la conformidad de un segundo profesional independiente. Además, cualquier admisión involuntaria debe ser lo más breve posible y comunicarse a la persona y al órgano de revisión.
Este caso del ingeniero López Chapor es un klk que sigue desarrollándose, con versiones encontradas y un desenlace aún incierto. Lo que sí está claro es que la justicia dominicana tiene un trabajo arduo para desentrañar la verdad y asegurar que se respeten los derechos de todos, sin importar qué tan enredada sea la situación ni cuántos cuartos haya de por medio.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
