El Ministerio Público, representado por la aguerrida titular de la Pepca, Mirna Ortiz, ha puesto la vaina seria al solicitar al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la apertura a juicio contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán. Esta movida del órgano persecutor marca un punto álgido en un caso que ha estado dando vueltas y generando comentarios en el patio, confirmando que la justicia, aunque a su paso, busca echarle el guante a supuestas irregularidades en una institución clave para el día a día del dominicano.
La magistrada Ortiz, una figura que ya conocemos por su temple y por no andar con chercha en estos menesteres, concluyó la presentación de la acusación formal en esta audiencia preliminar. Esto no es cualquier coro, porque el Intrant, desde su creación, está llamado a poner orden en el caos del tránsito y el transporte, una necesidad que se siente de una vez cuando uno se tira a la calle. Un viaje de decisiones y recursos se manejan ahí, afectando directamente la manera en que nos movemos en la guagua, en carro o en motoconcho. La petición de mantener las medidas de coerción vigentes contra los procesados subraya la seriedad del asunto y la intención de asegurar su presencia en las próximas etapas, para que nadie se haga el loco.
Este proceso judicial ha mantenido a la opinión pública con los ojos bien abiertos, y no es para menos. Asegún el Ministerio Público, el expediente cuenta con los elementos necesarios para avanzar a la fase de juicio de fondo, lo que sugiere que las pruebas son contundentes y no es un cuento chino. La ciudadanía está cansada del tigueraje en la administración pública, de ver cómo se sacan el jugo de los puestos para beneficio propio en vez de trabajar por el pueblo. Casos como este ponen a prueba la verdadera voluntad de las autoridades para combatir la corrupción, que, mal que bien, ha sido un dolor de cabeza constante en nuestra sociedad.
La jueza Yanibet Rivas, luego de escuchar la batería de argumentos de la acusación, ha dispuesto un receso hasta el 20 de marzo. Es ahí donde los equipos de defensa técnica deberán meterle mano y presentar sus argumentos para responder a las graves imputaciones. El peso de la ley, esperemos, se hará sentir, y el tribunal tendrá la responsabilidad de evaluar cada prueba y cada réplica con la lupa bien puesta. No se trata solo de un caso más; es un espejo de cómo se manejan las cosas en instituciones vitales para el desarrollo del país.
El Intrant, instituido en 2017 bajo la Ley 63-17, fue creado con la promesa de transformar radicalmente el caótico sistema de tránsito y transporte dominicano. Sus funciones abarcan desde la regulación y supervisión del transporte público hasta la seguridad vial, la emisión de licencias y la planificación urbana. Esta es una vaina que toca a todo el mundo. Que surjan acusaciones de esta magnitud en una entidad con semejante mandato, naturalmente genera desconfianza y la pregunta de si los esfuerzos por una gestión más transparente y eficiente se están yendo por la borda. La promesa de una mejor movilidad no puede ser una pantalla para otros manejos.
Así las cosas, la expectativa es grande para la próxima cita en los tribunales. Este caso no solo se trata de Hugo Beras o José Ángel Gómez Canaán; es un termómetro de la institucionalidad y de la lucha contra la impunidad en nuestra querida República Dominicana. La gente quiere que se le dé seguimiento a estos líos hasta el final, que se vea que nadie está por encima de la ley. La cosa está de lo más interesante, y el pueblo dominicano, que es bacano pero no come cuento, estará atento a cada detalle de este proceso que promete seguir candente.
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