¡Klk con la transparencia, mi gente! El país se ha puesto de boca con una denuncia que, la verdad sea dicha, no nos coge de sorpresa del todo. El ingeniero Teodoro Tejada, quien fuera presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), ha soltado el grito al cielo por lo que él llama un descarado tigueraje en los procesos de licitación de las corporaciones de acueductos y alcantarillados, conocidas como CORAAS y CAASD. Asegún Tejada, hay una vaina rara con los criterios de evaluación que, de forma mañosa, terminan inhabilitando a un viaje de oferentes chulos durante la fase crucial de evaluación, poniendo en tela de juicio la equidad en la asignación de contratos públicos.
Una de las trabas más bacanas que señala Tejada es cómo se valora la experiencia de las empresas. Resulta que, para sumar los 15 puntos correspondientes a este renglón, solo se toma en cuenta la experiencia directa de la compañía oferente. ¿Y la experiencia acumulada por los profesionales que la integran? ¡Esa se la llevan los que saben! Ingenieros que han bregado como funcionarios, residentes o supervisores en proyectos importantes quedan fuera de este cálculo, haciendo que empresas con equipos sumamente competentes reciban puntuaciones de cero en ese reglón. Esto no solo es injusto, sino que limita la participación de un sinnúmero de profesionales dominicanos de primera.
Pero el coro no se queda ahí. También hay una exigencia que muchos ingenieros consideran un total relajo: que el ingeniero civil jefe de obra tenga una maestría en hidráulica o sanitaria. ¡Imagínense! Tejada argumenta con razón que este requisito está de lo más bien violando la Ley 111 de 1942, que es la que establece las condiciones para ejercer la ingeniería, arquitectura y agrimensura en este patio. Es como querer que un plátano maduro sea verde otra vez, una vaina ilógica que, más que buscar excelencia, parece querer restringir la competencia y favorecer a unos pocos.
En la chercha financiera, la situación es pa’ romper a llorar. Se exigen recaudos que Tejada califica de excesivos y abusivos. Hablamos de referencias bancarias que prueben disponibilidad de fondos en cuentas, certificaciones de liquidez y otros instrumentos que te obligan a demostrar hasta un 30% del valor total del proyecto (y un 15% para las Mipymes) como condición sine qua non para participar. Estas medidas, más allá de garantizar solvencia, asfixian a las pequeñas y medianas empresas que, a pesar de tener la capacidad técnica, no pueden cumplir con semejantes montos de liquidez, limitando así su crecimiento y la diversificación de la economía nacional.
Y si ya lo anterior te parece fuerte, agárrate: aun cumpliendo con toda esa burocracia, las entidades hacen evaluaciones internas que Tejada denuncia como “no transparentes”. En estas evaluaciones, se fija un índice de solvencia que llega hasta los 3.40 millones de pesos, superando por mucho el límite de 1.5 millones que se establece en los pliegos de condiciones. Esto no solo contraviene el Reglamento Núm. 416-23, específicamente su artículo 69, sobre la certificación presupuestaria, sino que abre una puerta ancha para la discrecionalidad y, seamos claros, la posible corrupción en la asignación de obras públicas esenciales para el desarrollo del país.
Ante este panorama, Tejada ha puesto sus esperanzas en la nueva Ley 47-25, la cual, según él, debe corregir estas distorsiones y eliminar los privilegios que vienen de exigencias desproporcionadas. Es crucial que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se ponga las pilas y garantice el cumplimiento del principio de igualdad, tal como lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución, y los principios de la mencionada Ley 47-25. La construcción de infraestructuras de acueductos y alcantarillados no solo es vital para el desarrollo, sino para la salud pública y el bienestar de cada dominicano, y no podemos permitir que el tigueraje le meta la mano a algo tan fundamental.
Es hora de que las autoridades cojan esto con seriedad. Estas prácticas no son nuevas; se vienen arrastrando desde la Ley 340-06. Que el artículo 245 de la nueva legislación diga que los procesos iniciados bajo las normas anteriores se rigen por esas reglas, no significa que se le pueda dar pa’lante al desorden. La transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública son pilares fundamentales para construir una nación más fuerte y justa. Dejar que estas anomalías persistan es seguir dándole largas a un problema que afecta directamente la calidad de vida de nuestra gente y la confianza en nuestras instituciones.
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