Desde que se aprobó la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Congreso se han depositado cinco proyectos legislativos que buscan derogar la normativa por completo o cambiar algunos artículos del documento.
Cuatro de las piezas se encuentran en el Senado, mientras que una fue depositada en la Cámara de Diputados. Todos los proponentes de las iniciativas son legisladores de la oposición que proponen cambios en la ley por considerarla inconstitucional.
El primer proyecto contra la ley de la DNI lo depositaron los diputados Luis Henríquez y Elpidio Báez. En enero, ambos congresistas propusieron que se derogue la actual normativa 1-24 mediante otra iniciativa que elimine la actual norma.
El documento legislativo sólo cuenta con dos artículos: el primero dispone que la ley de la DNI quede derogada en todas sus partes y el segundo ordena que se mantenga vigente la ley no. 857, promulgada en el año 1978, que establece que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
Senado
En el Senado la intención es distinta. Aunque los proponentes de los proyectos están en contra de algunos aspectos conferidos a la nueva DNI, sugieren que la ley sea modificada en varios artículos, pero no derogada.
El Sistema Legislativo del Senado registra cuatro proyectos de ley. Dos de estos son autoría de los senadores Dionis Sánchez y Ramón Rogelio Genao. En sus propuestas, buscan eliminar el artículo 11 de la ey de la DNI, que obliga a todos los ciudadanos a entregar cualquier información a la nueva institución sin la orden de un juez.
Alegatos
En esencia, las piezas congresuales citan por lo menos cuatro artículos de la Constitución que protegen los derechos a la intimidad y al honor de todos los dominicanos, por lo que los proponentes alegan que la legislación actual vulnera las garantías de los ciudadanos.
Dentro de los argumentos expuestos, los proyectos explican que el artículo 372 del Código Procesal Penal dispone que la reserva de identidad de un investigador debe ser autorizada por un tribunal competente.
Además, los diputados que se oponen a la ley de la DNI aducen que la aprobación de la normativa en el Congreso estuvo “amañada” ya que el proceso para el estudio y la sanción de la pieza no cumplió con el proceso congresual adecuado.
“Las modificaciones al proyecto en discusión deben darse con la debida y total publicidad por el moderador para el pleno conocimiento de la votación de los diputados presentes”, sostiene el proyecto depositado en la Cámara de Diputados.
