El Gobierno tiene casi listo y consensuado un proyecto de ley para regular y modernizar el sector cooperativo dominicano, el cual se trabaja en conjunto con la Superintendencia de Bancos (SB), el Banco Central (BC) y el Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
Aunque no quiso fijar una fecha, el jefe de Estado estimó que en aproximadamente un mes pudiera estar listo para ser depositado en el Congreso. Sólo las cooperativas afiliadas a la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) cerraron 2024 con activos que superan los RD$175,333.9 millones.
“Sobre el sector cooperativo hay un proyecto de ley que se está consensuando y que prácticamente está consensuado”, reveló el presidente Abinader en LA Semanal al ser cuestionado por una pregunta encargada por el periódico elDinero.
Las cooperativas han estado en el ojo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las autoridades monetarias y financieras, ya que manejan grandes volúmenes de dinero con una escasa o muy limitada supervisión técnica y operativa por la institución encargada, es decir, el Idecoop.
Todos los años, luego de la revisión a propósito del Artículo IV, el organismo financiero internacional ha reiterado la necesidad de que las cooperativas dispongan de un marco regulatorio que le dé fortalezas en la gestión y garantice transparencia en las transacciones.
En 2022, el FMI reiteró en su informe de evaluación de la economía local la necesidad de que las autoridades del Gobierno establezcan un mecanismo eficiente de regulación de las cooperativas dominicanas, tanto las que realizan actividades de intermediación financiera, como de las que realizan otras actividades con los ahorros de sus socios.
En 2023 volvió a pedir al Gobierno introducir un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y crédito, pues eso reforzaría la estabilidad financiera del país.
Igual que en los años previos, en 2024 el FMI llamó la atención y pidió a las autoridades actualizar el marco de regulaciones financieras y prudenciales para adaptarlas a las normas internacionales más recientes, así como cerrar las brechas regulatorias y de supervisión, como “el caso de las cooperativas y ahorro y préstamos”.
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