¡Klk gente! Se ha armado un coro tremendo con la licitación cancelada del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la compra de nada más y nada menos que gomitas multivitamínicas. A pesar del revolú y las interrogantes que hicieron que el proceso se echara pa’trás, Carlos Pimentel, el jefe de Compras y Contrataciones Públicas, ha salido al aire a decir que la vaina estaba de lo más bien y que todo se hizo en apego a la ley. Esta licitación, que tenía un presupuesto de RD$151 millones, buscaba suplir estos suplementos a los estudiantes del sistema público, una iniciativa que, según el INABIE, es vital para el bienestar de nuestros muchachitos.
El INABIE, como institución, juega un rol crucial en la vida de miles de estudiantes dominicanos, no solo con el desayuno y almuerzo escolar, sino también con uniformes y útiles. La inclusión de gomitas multivitamínicas en su catálogo de compras resalta una intención de mejorar la nutrición y el rendimiento académico de los alumnos, un punto que es un viaje de importante en un país donde la desnutrición y las deficiencias vitamínicas pueden ser un problema serio. Sin embargo, la magnitud del monto, RD$151 millones para “gomitas”, encendió las alarmas de la gente y los medios, generando una chercha que el gobierno no pudo ignorar.
Pimentel, al defender el proceso, enfatizó que desde la perspectiva del órgano rector de las contrataciones, todo el procedimiento cumplió con los requisitos legales establecidos. Esto incluye la transparencia, la competencia y la observancia de todas las normativas. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tiene la responsabilidad de velar por la pulcritud en el gasto estatal, y su director asegura que en este caso particular, los pasos se siguieron al pie de la letra. Es bacano que se pongan las pilas con esto, porque el tigueraje en el uso de los fondos públicos ha sido un dolor de cabeza constante en nuestro país.
La cancelación de la licitación, a pesar de la defensa de Pimentel, pone de manifiesto la creciente vigilancia ciudadana y mediática sobre el manejo de los fondos del Estado. Ya la gente no se come cualquier cuento; hay una mayor exigencia de rendición de cuentas. Cuando se levantan cuestionamientos públicos significativos, aunque legalmente el proceso esté impoluto, la percepción puede pesar más. Es un indicativo de que la sociedad dominicana está más atenta y no es tan fácil meter un golazo con estas vainas, exigiendo no solo legalidad sino también una lógica y pertinencia en el gasto.
Ahora, con la licitación suspendida, la pregunta que queda flotando es qué pasará con las gomitas y, más importante aún, con el bienestar de los estudiantes. ¿Se hará un nuevo proceso? ¿Se revaluará la estrategia? Lo cierto es que este episodio recalca la necesidad de que las instituciones públicas no solo actúen conforme a la ley, sino que también comuniquen de manera efectiva y transparente sus decisiones para evitar malentendidos y desconfianza. Al final del día, lo que queremos es que los cuartos del pueblo se inviertan de la mejor manera, pa’ que todos echemos pa’lante como se debe.
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