Al juez admitir casi en su totalidad la acusación contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), el exfuncionario y otros 14 señalados en el caso de corrupción Operación Medusa fueron enviados a juicio de fondo, etapa que concluirá con una sentencia que podría condenarlos a todos.
Entre los tipos penales que el juez Amuri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, acogió de la acusación contra Rodríguez y doce de los imputados, se incluye el lavado de activos, el que conlleva pena de hasta veinte años de cárcel.
Contra el ex máximo representante del Ministerio Público (MP), el magistrado retuvo también la imputación de asociación de malhechores, soborno, desfalco, coalición de funcionario, financiamiento político y enriquecimiento ilícito.
Otros que enfrentarán juicio de fondo
En una audiencia que se extendió, desde las 9:00 a.m. del viernes hasta la madrugada del sábado, el juez Martínez dio a conocer su decisión, de auto de apertura a juicio contra los también encartados Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada. Asimismo, a Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Francis Ramírez Moreno y Miguel José Moya fueron enviados a la siguiente etapa penal, pero sin la imputación de haber cometido lavado de activos por no ser suficientes las pruebas sobre esa infracción.
Entre los condenados en penal abreviado
Al acoger los acuerdos entre el MP y más de veinte imputados en el caso de corrupción que envuelve una supuesta estafa de más de 6,000 millones, los encartados fueron condenados en el juicio penal abreviado.
Entre los que acordaron con el MP figuran el empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, quien devolverá al Estado más de 154 millones de pesos en efectivos y en bienes al Estado, Carlos Augusto Guzmán Oliver y la razón social Herrajes Rachel, S.R.L., Daniel Enrique Vázquez Félix, Francisco Alberto Vázquez Félix y la razón social Divamor Group, S.R.L., Fausto José Cáceres y la razón social LA Parasata Mercantil S.R.L.
También fue homologado los acuerdos con Francisco Arturo Santos y la razón social Rogama S.R.L., José Antonio Santana Julián y las razones sociales Abastesa, S.A.S., y Constructora Integrada, S.A.S., Ricardo Antonio Carrasquero Frías y la razón social Constructora Carrasquero, S.R.L, así como la razón social Mac Construcciones, S.R.L, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, F&F Ezel Import, S.R.L., Jenny Marte Peña, Reynaldo De Jesús Santos Cruz y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L., e Ismael Elías De Jesús De Peña Taktuk y la razón social Espacio & Arquitectura, S.R.L.
Todos “arribaron a distintas penas y reglas, así como la devolución de valores y decomisos e indemnizaciones a ser cumplidas tanto de las personas jurídicas penalmente perseguidas, así como ciudadanos encartados en su calidad de personas físicas”, dice el auto de apertura a juicio.
El juez concluyó que la participación como querellante en acción civil, en procura de resarcimiento económicos en el caso Medusa, la Fundación Alfredo Nobel SRL, “si bien tenía la facultad para querellarse, no pudo demostrar su calidad”, por lo que la excluyó del proceso.
La entidad ha sido excluida en varios de los procesos de corrupción, incluso en el caso Coral, en la cual buscaba que se le indemnizara con 7,000 millones, según publicaciones de este medio.
Varios trabajos de Diario Libre destacan que, de acuerdo con el registro de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), la Fundación Alfredo Nobel fue incorporada en junio de 2016, con Cabrera Brito como titular, y declarándose como una entidad sin fines de lucro dedicada a desarrollar proyectos de bienestar social y ayuda humanitaria.
Ya al año siguiente había sido beneficiaria con 180,000 pesos de parte del Estado, conforme la lista de beneficiarios de transferencias a las Asociaciones Sin Fines de Lucro del presupuesto general de 2017.
Se intentó, sin éxito, ubicar la fundación en dos de las direcciones ofrece en el Registro Nacional de Habilitación del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
Juez reconoció legitimidad del decreto presidencial 22-21 que creó Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) al ratificar precedentes y acoger al Estado Dominicano como víctima, querellante y actor civil en el auto de apertura a juicio del caso Medusa, informó al salir de audiencia el miembro del equipo Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
