La verdad es que la vaina de la transparencia en la política siempre ha sido un tema candente aquí en el patio. ¡’Klk’ con los fondos de los partidos, eh! Y es que la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha puesto el grito en el cielo, fijando una audiencia de amparo de cumplimiento contra la Junta Central Electoral (JCE). ¿El motivo? Nada más y nada menos que la crucial Fiscalización de Fondos Políticos, esos cheles que el Estado le da a las organizaciones para su quehacer. Los ciudadanos estamos con los ojos bien abiertos, buscando que se le ponga la lupa a cada peso, asegurando que se cumpla la ley.
Asegún el expediente judicial, la audiencia está pautada para el martes 7 de julio de 2026, a las 9:00 a.m., y se realizará bajo la modalidad virtual, una modalidad que se ha vuelto más común tras la pandemia y que facilita un viaje de cosas. Este caso, registrado con el número 2026-0170051, no es un coro cualquiera; es una iniciativa legal impulsada por tres ‘tigueres’ de la sociedad civil: Eduardo Daniel Sánchez Tolentino (Piro), Hernani Abraham Aquino Hernández y Ricardo Augusto Ripoll García. Su objetivo es asegurar que la JCE, como órgano rector de nuestros procesos electorales, cumpla al pie de la letra con sus obligaciones constitucionales y legales en cuanto al control y la rendición de cuentas de los recursos públicos.
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que se aprobó con un viaje de discusión, le asigna a la JCE una responsabilidad bacana: garantizar que los recursos que se le entregan a los partidos no terminen en manos equivocadas o se usen de forma indebida. Históricamente, este ha sido un punto débil en nuestra democracia. Los partidos reciben un porcentaje del Presupuesto General del Estado, una cantidad que puede ser un ‘disparate’ de dinero, dependiendo del año electoral. Es vital que el control de esos fondos esté de lo más bien, para evitar que el ‘tigueraje’ se aproveche o que se rompa la equidad en la contienda, lo que afecta la confianza pública en el sistema.
Este proceso judicial es más que solo cuadrar cuentas; es una señal clara de que la sociedad civil dominicana no está dispuesta a hacer la vista gorda. La transparencia en el manejo del dinero público es la base para fortalecer la confianza en nuestras instituciones y en el sistema democrático. Cuando los ciudadanos ven que los recursos del pueblo se usan de forma correcta y transparente, la participación y el compromiso cívico se elevan. Por eso, este amparo no es solo por los cheles, es por la salud de nuestra democracia y por un futuro más ‘chulo’ para todos los que vivimos en este patio.
Si la JCE no fiscaliza como se debe, la vaina se puede poner fea, abriendo la puerta a la corrupción y a la desigualdad entre los partidos, afectando la credibilidad de todo el proceso electoral. En el pasado, hemos tenido casos donde la falta de una supervisión estricta ha generado un coro de críticas y cuestionamientos sobre el origen y destino de los fondos. Este caso del TSA, entonces, se convierte en un precedente importante, forzando a que se ponga más atención y recursos para que la fiscalización no sea de boca, sino una realidad palpable. Es hora de que el Estado demuestre que ‘está alante’ en esto de la pulcritud financiera y de que la JCE asuma su rol con toda la seriedad que amerita. La Procuraduría General Administrativa y la JCE ya están notificadas, así que la bola está rodando. Este es un paso gigante hacia la rendición de cuentas que tanto anhelamos los dominicanos. ¡Esperemos que la justicia haga su trabajo y que se le ponga fin a cualquier relajo con los fondos del pueblo!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
