La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) respondió solo parcialmente a Diario Libre la solicitud de información sobre el funcionamiento y arrendamiento de los astilleros en la República Dominicana, dejando abierta la duda sobre el manejo y situación de esos bienes públicos.
Su respuesta se produjo el mismo día en que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se comunicó con este diario para expresar su compromiso de darle seguimiento al requerimiento de la información, formulada tanto a la Apordom como a la Armada, vía el Ministerio de Defensa.
La comunicación de la Apordom, bajo la firma de su director ejecutivo Jean Luis Rodríguez, señala que esa dependencia registra cinco astilleros en el país, y ofrece informaciones generales sobre cada uno. Sin embargo, no hace referencia a las condiciones de los arrendamientos, la modalidad y beneficiarios.
Ofrece, además, la posibilidad de que cualquier otra información adicional que se requiera sea solicitada vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública, indicando que la forma en cómo se solicitó la información anteriormente, a través de su Dirección de Comunicación, no es la correspondiente, que lo sería la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI).
Malinterpreta así el espíritu de esa ley y la obligación constitucional de informar sobre toda actividad pública, excepto la que compromete la seguridad nacional.
No indica en cuál parte de la normativa vigente, se establece que los requerimientos de información sean solo mediante la referida oficina, pues la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que complementa el mandato constitucional de derecho a la información pública, no establece una vía en exclusiva. En su artículo 4, dicha ley manda a las instituciones sujetas a ella, a sistematizar la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios.
En tanto, que el artículo 49, párrafo 2, de la Constitución dominicana especifica: “Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley“.
Los astilleros
Entre los astilleros que registra la Apordom está Josep Industrial Shipyard, del que dice es de propiedad privada, opera bajo el régimen de zona franca y tiene capacidad para reparación y construcción de embarcaciones.
Indica, que la empresa, ubicada en la ribera del río Ozama, requiere permisos del Ministerio de Medio Ambiente para operar y está bajo la supervisión de la Armada.
Otra es la empresa Ciramar Internacional, un astillero propiedad del Estado, pero arrendando a dicha compañía, en el que también se realiza la reparación y construcción de embarcaciones. Su operación, igual que la anterior, requiere los permisos y supervisión de las instituciones señaladas. Las otras tres son M&D Marine Repair S.A., Industrias Navales Dominicanas (Inadon) SRL, y Elos Marine, SRL.
Las dos primeras son operadas por el sector privado bajo contratos de arrendamiento con Apordom, la segunda funciona parcialmente y la tercera está fuera de servicio.
En su carta, la Apordom afirma que tiene la transparencia como un pilar fundamental de la gestión y que por eso han alcanzado “importantes resultados y calificaciones” en las evaluaciones de la Dirección de Ética.
“Nos mantenemos siempre apegados a la verdad y comprometidos con ser una fuente de información directa para los medios de comunicación y la ciudadanía”, dice. Indica, en versión reñida con la verdad, que con la comunicación responden al artículo que publicó este diario el pasado 20 de agosto, bajo el título: “El secretismo inunda el negocio de los astilleros frente al Estado”, y a la pregunta que este medio realizó al presidente de la República, Luis Abinader, respecto a la violación que algunos funcionarios hacen a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
En el artículo al que hace referencia, Diario Libre describe cómo la Armada y Apordom alargan el tiempo de respuesta a las solicitudes que les hizo este medio. En el caso específico de la Apordom, el requerimiento se hizo a través de la directora de Comunicaciones, Gabriela Bonilla, quién pidió un tiempo para recabar los datos. Pasados los 10 días pedidos, y ante la llamada de insistencia de este medio, Bonilla preguntó para qué era la información: “si la publicación sería positiva o negativa”. Se le explicó que el medio no podía adelantar si su escrito sería favorable o no.
