La mujer todavía tiene un largo camino por recorrer en la política y también en el ámbito social en República Dominicana, uno de los países de América con mayores tasas de feminicidios y donde en muchas ocasiones los embarazos adolescentes y las uniones infantiles están normalizados.
De esa brecha entre hombres y mujeres y de cómo hacer frente hablan con EFE en sendas entrevistas María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, y Virginia Antares Rodríguez, de Opción Democrática, las dos únicas mujeres del total de nueve candidatos en las elecciones presidenciales del 19 de mayo.
“Las mujeres podemos y tenemos que estar en la política, donde se toman las decisiones que al final nos afectan y donde todavía estamos muy excluidas”, reivindica Antares, mientras Cabrera habla de los “desafíos muy grandes para derribar las barreras estructurales y culturales” que encuentran las mujeres para una “participación política plena y en igualdad de condiciones”.
“En la Cámara de Diputados se encuentra mayor cantidad de mujeres, pero cuando se llega al Senado se reduce porque allí se deciden cosas muy importantes”, afirma Cabrera.
Ambas se refieren al porcentaje establecido por ley de 40 % de mujeres y 60 % de hombres de cuota de participación política, algo que los partidos cumplen pero con mecanismos que relegan la mujer en segundo plano.
Las leyes existen, “pero los mismos políticos que las aprueban encuentran su refugio para violarlas”, denuncia Cabrera.
Incluso, según Antares, tras las elecciones municipales del 18 de febrero las mujeres al frente de alcaldías han descendido, antes “encabezábamos el 12 % de los ayuntamientos y bajó al 10 %”.
“El 90 % de los gobiernos locales del país ahora mismo están presididos por hombres”, destaca.
Educar para la igualdad
La desigualdad y la violencia contra la mujer están presentes en el día a día de República Dominicana, el segundo país de la región con mayor tasa de feminicidios, con 2.9 casos por cada 100,000 mujeres, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ante esas lacras, Cabrera y Antares abogan por la “educación en igualdad y la educación para la paz porque es en esa socialización inicial que se gesta la violencia de los adultos”.
También defienden la educación sexual, que está incluida en el pacto educativo pero no se aplica porque, según Cabrera, “la cúpula religiosa se opone y la clase política (…) juega a complacerla, no por creencia (…), sino porque entiende que le puede afectar”.
La educación también ayudaría a reducir las uniones tempranas: “El tema de la desigualdad y de las miserables condiciones en las que viven muchas familias en República Dominicana termina derivando en situaciones como la prostitución y el matrimonio infantil”, alerta.
Otro importante problema es el embarazo adolescente en un país donde el aborto está prohibido en todos los supuestos, pese a las continuas demandas para que se aprueben las llamadas ‘tres causales’ (embarazo por violación o incesto, peligro para la vida de la madre y malformaciones fetales incompatibles con la vida).
“Cuando un presidente quiere una ley la manda (al Congreso), reúne a los congresistas e inmediatamente se aprueba”, pero esto no ocurre con las ‘tres causales’, subraya Cabrera. Habla de la desigualdad de clase a la hora de enfrentarse a un embarazo y un posible aborto: “Las familias que tienen dinero si se les da la situación salen del país, van a un país donde es legal y lo hacen en condiciones idóneas y seguras, pero las mujeres pobres tienen que apelar a mecanismos rudimentarios” y peligrosos.
