¡Klk, mi gente! Aquí estamos otra vez con un corre-corre que está dando mucho de qué hablar en el patio. El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) está en el ojo del huracán tras la adjudicación de más de 232 millones de pesos a varias empresas, a pesar de que su propio Comité de Compras y Contrataciones detectó ‘Indicios de Colusión’. La vaina es que, según el Inaipi, la Ley 340-06, bajo la cual se llevó a cabo el proceso, no les daba la potestad para excluir a los oferentes por esto, sino que tenían que referir el caso a los organismos competentes. Es un enredo que tiene a más de uno con la boca abierta.
Este caso nos remonta al proceso de Licitación Pública Nacional INAIPI-CCC-LPN-2025-0029, que buscaba abastecer de alimentos a los centros de atención a la primera infancia en la demarcación metropolitana. Es importante destacar que el Inaipi opera bajo un marco legal específico que ha sido objeto de revisión reciente. La antigua Ley 340-06, que aplica para este caso por ser un proceso iniciado antes de la 47-25, limitaba la acción directa de las instituciones en la declaración de colusión, a diferencia de la nueva ley que sí otorga esa potestad. Un verdadero trabalenguas jurídico que resalta las complejidades de nuestro sistema legal, dejando un espacio que algunos ven como una brecha y otros como un cumplimiento estricto de la norma de ese momento.
Las empresas que salieron favorecidas en este coro de millones son PANACO, S.R.L., que se llevó los lotes I y III con casi RD$47.2 millones cada uno; García Tejera & Asociados con el lote XXI, que asciende a más de RD$70.1 millones; y Tenedora Gaboc, que recibió el lote XXIII por casi RD$67.5 millones. Es un viaje de cuartos que, sin duda, genera muchas preguntas cuando se habla de supuestas irregularidades. Estos montos, juntos, suman esa cantidad millonaria que ahora está bajo el escrutinio público, esperando que se aclare cada detalle de este proceso.
Los ‘indicios de colusión’ que se detectaron no son cualquier cosa, mi gente. Según lo documentado por el Comité, se encontraron coincidencias significativas entre las propuestas de estas empresas. Hablamos de cartas de crédito comercial emitidas por las mismas entidades financieras y por montos similares, documentos con estructuras y redacciones casi idénticas, y hasta similitudes en los productos ofertados, incluyendo marcas, números de lote, fechas de fabricación y vencimiento, y catálogos técnicos que parecían sacados del mismo molde. Esto, para cualquier persona con dos dedos de frente, levanta una bandera roja bien grande, sugiriendo una posible concertación que va en contra de la libre competencia que debe haber en toda licitación seria.
Ante esta situación, el Inaipi asegura que hizo lo que tenía que hacer: remitió el expediente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Estos organismos son los que tienen la verdadera potestad y la experticia para investigar a fondo y determinar si hubo una práctica anticompetitiva. La pelota, ahora mismo, está en su cancha para que desenreden este lío y aseguren que la transparencia y la competencia justa prevalezcan en el uso de los fondos públicos, que son de todos nosotros. Esperemos que actúen de una vez y le den al país una respuesta clara sobre esta vaina.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
