Madrid.- Jaider Cantillo acudió al banco a abrir una cuenta en la que domiciliar su nómina tras conseguir su ansiado permiso de trabajo en España, pero le negaron este servicio por ser colombiano, ya que su dinero podría estar vinculado al narcotráfico, relata en una entrevista con la Agencia EFE.
Situaciones como esta denuncian entidades sociales como Red Acoge, CEAR o Movimiento por la Paz, que advierten de un mal uso por parte de las entidades bancarias de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Bajo el pretexto de aplicar esta ley, exigen a inmigrantes de ciertas nacionalidades como Colombia, Irán o Siria requisitos extra que, en la práctica, impiden su acceso a una cuenta de pago básica a la que, al menos sobre el papel, tienen derecho.
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“Me sentí una cucaracha”, confiesa Cantillo al recordar su experiencia hace un año. Después de tres años en España, donde pidió asilo político tras huir de Colombia junto a su mujer y sus dos hijos con discapacidad, aquel era su momento para “arrancar” una nueva vida.
Por eso para él fue un jarro de agua fría cuando el trabajador del banco, según narra, le negó el acceso a la cuenta con estas palabras- “Colombia es un lavador de narcotraficantes”.
“Me sentí mal, mal, mal por la forma en que me lo dijeron… ¿Acaso no soy yo una persona y no tengo dignidad como para que me traten así?”, se cuestiona este padre de familia de 51 años.
Fuentes de la entidad bancaria consultadas por EFE niegan rotundamente que denegaran la apertura de la cuenta en base a la nacionalidad del solicitante y explican que requirieron la documentación correspondiente, en base a la ley, y este nunca la aportó.
Las ONG defienden que las personas como Jaider Cantillo tienen derecho a acceder a una cuenta de pago básica como todos los residentes de la Unión Europea, solicitantes de asilo o migrantes que no tengan un permiso de trabajo pero su expulsión “sea imposible por razones jurídicas o de hecho”.
Para casos como el de este colombiano, bastaría con aportar su documento de identidad y el permiso de residencia, pero, según denuncian estas entidades, en muchos casos, los bancos requieren una serie de documentos añadidos prácticamente imposibles de facilitar.
“Me pedían las últimas cinco nóminas de trabajo y tres declaraciones de la renta cuando yo acababa de conseguir mi permiso de trabajo y tenía mi primer contrato en la mano”, relata Cantillo.
Natalia Slepoy, de Red Acoge, explica a EFE que, a su juicio, esto supone un incumplimiento de la ley de cuentas de pago básicas y de la ley de igualdad de trato y la no discriminación.
“Esta ley (de prevención de blanqueo de capitales) solo se puede aplicar una vez que la cuenta está abierta y se ha podido hacer un estudio de los movimientos financieros de esa persona”, argumenta.
“Es muy frustrante y humillante” Algo parecido le ocurrió a Rosa (nombre ficticio), de República Dominicana, quien después de 18 años viviendo en España consiguió en marzo del año el permiso de residencia.
Fue al banco para abrirse una cuenta, algo “urgente” para ella porque la necesitaba para empezar su nuevo trabajo y recibir la pensión de su hijo, pero le dijeron que no podría hacerlo hasta que no tuviera la tarjeta de residencia física, algo que casi un año después, aún no pasó.
“Es muy frustrante y humillante”, asegura Rosa, quien visitó numerosas entidades con el mismo resultado.
Las consecuencias para quienes sufren estas barreras pueden ir desde la pérdida de un trabajo a problemas para recibir prestaciones y, según Red Acoge, es un práctica común a todos los bancos, que actúan con impunidad, ya que no existe un régimen sancionador.
Muy pocos afectados reclaman al banco
Es difícil encontrar datos sobre el número de personas afectadas por este problema y los pocos que hay no son representativos, subraya Natalia Slepoy, de Red Acoge, ya que suelen ser personas en situación de vulnerabilidad y “lo que menos quieren es tener problemas”.
Un estudio realizado por entidades sociales como la suya contabilizó 200 incidencias de este tipo en 2022 y el Banco de España, en su memoria de ese mismo año, reflejó 33 reclamaciones por este asunto.
