La obligatoriedad que plantea la Ley de Gestión y Coprocesamiento de Residuos Sólidos a los productores nacionales de cemento con la incorporación de combustible derivado de desechos como insumo alternativo en sus calderas, ha dejado en jaque a este sector por la serie de implicaciones que esto, según afirman, podría traer.
Citan consecuencias directas como la posibilidad de que se creen monopolios; se establezcan tarifas desproporcionadas a pagar por las empresas y se afecte la libre empresa, como aspecto inconstitucional, los productores de cemento, agrupados en la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) plantean la necesidad de que el presidente Luis Abinader observe la referida legislación aprobada en el Congreso Nacional, al afirmar que esta fue ajustada por la Cámara de Diputados y se varió el proyecto original.
Al grito de Adocem también se ha sumado la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que alerta sobre esto. “Originalmente, el Senado también incluyó en el proyecto una exigencia porcentual de uso de combustible derivado de residuos para los productores nacionales de cemento. La cámara de diputados ajustó la redacción para motivar la incorporación de combustibles alternos para la sustitución de combustibles fósiles por parte del sector. Una mejora notable que, no obstante, queda diluida por la inclusión en el documento aprobado de una “obligación de incorporar combustibles derivados de residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus calderas” sin mayor nivel de detalle.
Puntos en desventaja para los cementeros
En la carta dirigida por Adocem al presidente Luis Abinader, los productores de cemento dejan claro que esta disposición representa una seria vulneración a la libertad de empresa, consagrada en el artículo 50 de la Constitución, al imponer por ley el uso obligatorio de un insumo específico a una industria, sin tomar en cuenta las condiciones técnicas, económicas ni regulatorias del país.
Esto, en razón de que condenaría al sector cementero a depender de un mercado incipiente, sin la debida supervisión estatal, lo que podría generar distorsiones, favorecer prácticas monopólicas y provocar un aumento injustificado en los costos de producción.
El resultado sería, según Adocem, un impacto negativo a “la competitividad de la industria cementera nacional”, a las exportaciones a precios menos competitivos “y, por ende, a la economía del país en su conjunto”.
“En nuestro país no existe actualmente, ni se prevé que exista en el corto plazo, una cadena de suministro para el coprocesamiento, que garantice la disponibilidad del combustible alterno en las cantidades, calidades y condiciones necesarias para su uso de manera técnica y costo eficiente”, expresa Adocem.
Y pues, en ese sentido, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento refiere que la ausencia de las condiciones necesarias para ese procesamiento afectaría directamente el costo de producción del cemento y pondría en riesgo la sostenibilidad operativa de las plantas. Sostiene que alcanzar los niveles de rendimiento requeridos por este tipo de combustibles implica disponer de volúmenes significativos y un suministro continuo y confiable, lo cual hoy no está garantizado.
Ningún país establece la obligatoriedad de esto
De acuerdo con Adocem, el uso de combustibles derivados de residuos no es un proceso tan sencillo como pudiera pensarse, al indicar que no todos los residuos materiales pueden ser coprocesados en la industria cementera, lo que implica un cuidadoso proceso de selección para asegurar que cumple con las especificaciones externas e internas a fin de evitar factores que pudieran generar un impacto ambiental, sobre la operación de un horno, la calidad del producto final, así como lo relativo a la seguridad y salud ocupacional.
A ello agrega, además, que a nivel internacional, en ningún país democrático con economía de mercado se impone por ley la obligatoriedad del coprocesamiento en la industria cementera.
Comenta que las legislaciones más avanzadas promueven esta práctica a través de incentivos, alianzas público-privadas y el desarrollo de condiciones técnicas y logísticas adecuadas para su implementación. Pero que, en ningún caso, se recurre a la imposición legal del uso de insumos específicos, pues ello contradice los principios de libertad empresarial y sostenibilidad operativa.
