En el caso específico de la República Dominicana, estos costos son de particular relevancia, dice un estudio del BID
Los costos directos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe representan un 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB), según el corte más reciente, al año 2022.
Esta cifra, que se mantiene estable desde 2019, evidencia la carga financiera que el crimen impone sobre las economías de la región, al equivaler casi al 80% del presupuesto público destinado a educación. Este impacto no solo afecta a las finanzas públicas, sino también al desarrollo humano y la inversión en sectores estratégicos, y frena el crecimiento económico y el bienestar social.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que en el caso de la República Dominicana, estos costos son de particular relevancia. La asignación de recursos a la prevención del crimen y el fortalecimiento del sistema de justicia penal desplaza fondos que podrían potenciar el capital humano, la innovación y la infraestructura.
La cifra, similar a la media regional, resalta un desafío importante para el país, que, al igual que otros en la región, enfrenta altos niveles de criminalidad preocupante. De acuerdo con el BID, los recursos que se destinan a enfrentar la criminalidad en la región son equivalentes a casi cuatro veces el presupuesto para asistencia social y doce veces el presupuesto dedicado a investigación y desarrollo. Este desvío de fondos limita las capacidades de los gobiernos para generar bienestar social a través de inversiones en salud, educación y otras áreas esenciales. La investigación, titulada “Los Costos del Crimen y la Violencia: Ampliación y actualización de las Estimaciones para América Latina y el Caribe” es liderada o de autoría de Santiago M. Perez-Vincent, David Puebla, Nathalie Alvarado, Luis Fernando Mejía, Ximena Cadena, Sebastián Higuera y José David Niño. En ella se advierte que la inversión en seguridad pública es solo una fracción del costo real. Además de los gastos públicos, el sector privado se ve obligado a destinar significativos recursos a protegerse de la criminalidad, ya sea mediante sistemas de seguridad en empresas o pólizas de seguro más costosas.
Más allá de los costos directos, el crimen tiene un efecto indirecto al reducir la productividad y desalentar la inversión, lo que impacta en sectores estratégicos como el turismo, que en la República Dominicana y el Caribe en general es un motor de la economía. La inseguridad en la región afecta la percepción y el atractivo para los turistas, lo que limita el potencial de este sector en la generación de empleos y en la atracción de ingresos. La investigación también menciona que los elevados niveles de violencia impulsan la migración, crean una desconfianza generalizada en las instituciones y afectan el clima empresarial. Las empresas enfrentan una menor productividad debido a la pérdida de empleados y a los costos adicionales de seguridad, lo que frena el crecimiento económico y la competitividad.
Región caribeña, la más afectada
El BID destaca que, dentro de la región, el Caribe es la subregión más afectada, con un costo del crimen del 3.83% del PIB en 2022, seguido de Centroamérica con 3.46%. Esta situación evidencia un problema más profundo en zonas esvulnerables a los efectos de la violencia y la criminalidad organizada.
En República Dominicana, la percepción de inseguridad y la necesidad de mayores recursos para combatir la delincuencia han llevado a una asignación presupuestaria considerable para la seguridad pública. Sin embargo, la falta de confianza en la policía, compartida con el resto de los países de la región, dificulta los esfuerzos para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Según encuestas recientes, solo un 51% de las personas confía en las fuerzas del orden en la región, porcentaje muy por debajo de otras áreas como Europa Occidental o América del Norte, donde la confianza supera el 75%. El crimen organizado representa un desafío creciente para los países de América Latina y el Caribe. Según el BID, el crimen organizado es responsable del 50% de los homicidios en las Américas, y en más de la mitad de los hogares en la región se percibe la presencia de grupos criminales locales. Esta situación crea un ambiente de temor e inseguridad que afecta no solo la vida cotidiana, sino también la inversión y el desarrollo.
Asimismo, el ciberdelito y otras formas de criminalidad emergente se suman a la carga económica de la región. El BID subraya la necesidad de adaptar las políticas públicas y las estrategias de seguridad para enfrentar estos fenómenos, que, al no ser abordados de manera efectiva, podrían ampliar aun más el impacto financiero del crimen.
El estudio también explora el efecto del crimen en el capital humano, destacando que la violencia y la criminalidad obstaculizan la formación de talento y perjudican a las poblaciones más vulnerables. Esto, a su vez, exacerba la pobreza y la desigualdad, profundizando las brechas de desarrollo en la región.
En el caso de la República Dominicana, las políticas de seguridad y el fortalecimiento del sistema judicial son claves para mitigar estos efectos y reducir el impacto del crimen en el PIB. El BID hace un llamado a los países de la región para que implementen políticas integrales que aborden tanto los costos directos como los indirectos del crimen, reconociendo que una mayor seguridad no solo mejora la calidad de vida, sino que es un pilar esencial para el desarrollo económico y social.
El BID advierte que, pese a los esfuerzos por cuantificar los costos del crimen, aún queda mucho por aprender sobre su impacto a largo plazo en las economías y las sociedades de América Latina y el Caribe. La falta de datos precisos y la complejidad de los fenómenos criminales limitan la comprensión completa de sus efectos, y persisten importantes brechas de conocimiento, especialmente en temas como el ciberdelito y el impacto del crimen organizado. Puntualmente, el informe del BID plantea un panorama preocupante sobre el costo económico del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe.
El paso de 2012 al 2021 y una mirada más reciente
El Estudio destaca que durante las dos últimas décadas, la tasa de homicidios en ALC ha sido sistemáticamente mayor que en las otras regiones del mundo.1 En 2022, ALC registró 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que más que triplica la tasa observada a nivel mundial (5.6). En encuestas recientes, más del 20% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe reportó haber sido víctima de un delito en los 12 meses previos a la encuesta (Lapop, 2023). El sentimiento de inseguridad en la región ha crecido: entre 2012 y 2021, la probabilidad de que una persona se sienta muy insegura de ser víctima de un crimen pasó de 8% a 18%.
