EL NUEVO DIARIO, ECUADOR.- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica pidió hoy viernes al gobierno del presidente Carlos Alvarado avances en la elaboración de una norma técnica para el aborto terapéutico, única forma de aborto legal en el país.
“La Defensoría insta a la Administración Alvarado Quesada a tomar las medidas necesarias para la aprobación de la norma técnica para la regulación de la interrupción terapéutica del embarazo y garantizar su implementación en todos los servicios de salud públicos y privados”, indica un pronunciamiento de la entidad.
Esta reacción de la Defensoría se produce tras conocer que no hubo éxito en un proceso de solución amistosa con el Estado entre dos mujeres identificadas como Ana y Aurora, en el marco de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ana y Aurora son dos mujeres que tuvieron embarazos de productos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (MIVE) a quienes se les negó la interrupción del embarazo en 2007 y 2012, respectivamente, a pesar de que se encontraba en riesgo su salud.
El artículo 121 del Código Penal costarricense señala que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Este es el único tipo de aborto legal en Costa Rica.
La Defensoría de los Habitantes instó hoy al Gobierno a que avance en la implementación de una norma técnica que regule el aborto terapéutico para que casos como los de Ana y Aurora no ocurran de nuevo.
Según la Defensoría, “solo esta regulación permitirá garantizar a las mujeres que lo requieran estándares necesarios para recibir atención médica oportuna y de calidad, incluyendo la información requerida para expresar su consentimiento, y otorgará seguridad al personal médico y de enfermería, así como la información necesaria para que la intervención se realice en forma segura y eficiente”.
El cumplimiento de este instrumento también deriva de las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) del 2011 y en las más recientes de julio de 2017, así como del Comité de Derechos Humanos que recomiendan acelerar el proceso de aprobación de un Protocolo, explicó la Defensoría.
En los últimos meses el Ministerio de Salud estuvo trabajando en el desarrollo de la norma técnica, pero el proceso se detuvo en medio de la campaña electoral y el inicio del Gobierno de Alvarado, en el poder desde el pasado 8 de mayo.
Grupos políticos conservadores y religiosos han manifestado su rechazo a la norma técnica y a cualquier tipo de aborto.
