La Operación Rompeolas, que ha puesto de rodillas a una presunta red de narcotráfico y lavado de activos, sigue soltando tela para cortar, y la verdad es que está dejando a más de uno con la boca abierta. En un giro que tiene a la gente del patio comentando por doquier, se ha revelado que Wander Alberto Núñez Mercedes, mejor conocido como ‘Philip’, uno de los detenidos en este mega operativo, figuraba tranquilamente en la nómina del Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) en La Altagracia. ¡Así como lo oye! Según el reporte, ‘Philip’ estuvo cobrando su chequecito de RD$35,000 brutos hasta octubre de 2026, apenas un mes antes de caer en manos de la justicia.
Esta revelación, que ha salido a la luz gracias a documentos oficiales del Ministerio de Interior y Policía, deja claro que la cosa no es chercha y que los tentáculos de la criminalidad a veces se meten hasta en los lugares que menos esperamos. La situación pone en jaque la confianza en las instituciones públicas cuando personas con serias acusaciones de narcotráfico y lavado de activos están de lo más bien en la nómina del Estado, según la noticia. Es una vaina que nos llama a la reflexión sobre cómo se manejan los controles internos.
Para darle más peso al asunto, los datos administrativos indican que Núñez Mercedes ingresó a la institución el 1 de diciembre de 2024. O sea, el señor tenía un puesto fijo, percibiendo un monto neto de RD$32,906.50 mensuales, lo que da a entender que gozaba de un sueldo fijo mientras, según las autoridades, estaba involucrado en un tigueraje de ligas mayores. Esto, sin duda, genera muchas interrogantes y un gran ‘relajo’ en la opinión pública dominicana.
El Control de Bebidas Alcohólicas, conocido como COBA, tiene como función principal regular y supervisar la venta y consumo de alcohol, una tarea clave para el orden y la seguridad ciudadana. Que un individuo, que posteriormente sería detenido por delitos tan graves, estuviera en una posición de representación provincial en una institución de este tipo, según los datos revelados, es algo que no cuadra. Se esperaría que quienes trabajan en estos organismos sean personas de probada integridad, y que no haya espacio para este tipo de situaciones.
La Operación Rompeolas, y casos como el de ‘Philip’, refuerzan la importancia de continuar la lucha sin cuartel contra el crimen organizado y el lavado de activos en la República Dominicana. Es vital para la seguridad nacional y la credibilidad del Estado que se persigan y castiguen estas redes, especialmente cuando logran infiltrarse en las estructuras gubernamentales. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes ante estos ‘chanchullos’ que tanto daño le hacen a la imagen del país.
Este caso subraya la necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos de control y verificación de los antecedentes de los empleados públicos, para evitar que individuos, presuntamente ligados a actividades ilícitas, puedan acceder a cargos estatales. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar la probidad en la administración pública y restaurar la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones.
Al final del día, lo que esperamos todos es que la justicia haga su trabajo de una vez y que se sigan destapando todos los nexos que puedan existir entre el bajo mundo y las esferas que deberían velar por el bien común. ¡Que la verdad prevalezca y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, klk!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).




