En la República Dominicana, el derecho a la libre expresión y la defensa del consumidor parecen haber chocado de frente con una pared de intereses corporativos. El caso de Jefte Ventura, conocido por su labor de fiscalización ciudadana a través de plataformas como “Hablando de Vehículos”, ha tomado un giro dramático que pone en entredicho la proporcionalidad de nuestra justicia. La Fiscalía de La Altagracia ha solicitado formalmente prisión preventiva contra Ventura, una medida que muchos sectores consideran un intento descarado de silenciar a un whistleblower que se atrevió a cuestionar la “grasa” que mueve el negocio de los hidrocarburos en el país.
La acusación, impulsada por la empresa Petromóvil, S.A. y el abogado Crisyael Montilla Martínez, alega difamación e injuria a través de medios electrónicos, basándose en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Según el expediente, Ventura publicó videos donde afirmaba que el combustible de dicha empresa no cumplía con los estándares de calidad, apoyándose supuestamente en datos del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). Sin embargo, lo que se presenta como una simple querella por honor y reputación, huele a una persecución sistemática contra alguien que ya ha denunciado amenazas de muerte, secuestros y hasta el incendio provocado de su vehículo personal.
Lo que resulta verdaderamente indignante para el ciudadano de a pie es el silencio sepulcral de los principales periódicos de circulación nacional. Mientras las redes sociales arden con el apoyo a Jefte, las grandes redacciones del país parecen haber mirado hacia otro lado. Esta omisión no es casualidad; evidencia una vez más que muchos medios tradicionales no están con el pueblo, sino que sus líneas editoriales están comprometidas o vendidas a intereses económicos poderosos. En lugar de investigar la veracidad de las pruebas presentadas por Ventura —quien sostiene tener fallos del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que respaldan sus denuncias—, prefieren ignorar el tema, demostrando que para ellos la pauta publicitaria pesa más que la verdad periodística.
Es alarmante ver cómo ciertos comentaristas e “influencers” de radio, que usualmente se presentan como defensores de la moralidad, ahora se suman al coro que exige cárcel para el joven. Esta “bocina” mediática parece estar aceitada por los mismos sectores que se benefician de la opacidad en el mercado de combustibles. Defender a una corporación multimillonaria frente a un ciudadano que utiliza su celular para documentar irregularidades que afectan el bolsillo y los motores de millones de dominicanos es, como mínimo, una traición a la esencia del periodismo honesto.
La solicitud de prisión preventiva es, por definición, una medida extrema que debe reservarse para casos donde exista peligro de fuga o destrucción de pruebas. ¿Qué peligro de fuga representa un joven cuya cara y trabajo son públicos? Aplicar esta medida por un delito de palabra o difusión de pensamiento es un mensaje aterrador: si te quejas de la calidad del servicio, si denuncias que te están vendiendo “porquería”, el sistema te va a aplastar. Se busca crear un precedente donde cualquier dominicano lo piense dos veces antes de subir un video a Instagram denunciando un fraude, por temor a terminar en una celda junto a criminales peligrosos.
La investigación de Ventura no surgió de la nada. Durante años, los consumidores dominicanos han reportado fallas mecánicas vinculadas a la calidad de la gasolina y el gasoil, un tema que el TSA ha tenido que manejar en diversas ocasiones debido a las impugnaciones de resoluciones del MICM. Jefte Ventura simplemente puso el dedo en la llaga, utilizando herramientas legales y estudios oficiales para demostrar lo que el pueblo siente cada vez que va a una bomba: que el rendimiento no es el que debería ser. Intentar borrar estos videos mediante el DICAT o el INACIF no borrará la desconfianza que ya existe en el consumidor; al contrario, la aumenta.
El caso de Jefte Ventura es la prueba de fuego para la libertad de prensa en la era digital en República Dominicana. Si permitimos que se encarcele a quien denuncia, estaremos entregando las llaves de nuestra democracia a quienes tienen el dinero para comprar querellas y voluntades. El pueblo dominicano debe despertar y entender que hoy es Jefte, pero mañana podría ser cualquier ciudadano que reclame sus derechos frente a un gigante corporativo. No podemos permitir que la justicia se convierta en el brazo ejecutor de la censura bajo el disfraz de la “protección a la reputación comercial”.
Exigimos que el proceso se lleve a cabo en libertad, respetando el debido proceso y, sobre todo, analizando a fondo las pruebas de calidad que el imputado asegura poseer. La transparencia en el sector de los combustibles es un asunto de seguridad nacional y economía popular. Si Petromóvil y sus aliados están tan seguros de su calidad, deberían estar abiertos al escrutinio público en lugar de buscar el encierro de quien los cuestiona. ¡No más mordazas para el que defiende al pueblo!
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
