¡Klk mi gente! Se armó un lío bacano con la Junta Central Electoral (JCE), y no es para menos. Las organizaciones Somos Pueblo y RD Por Lo Alto le han metido una intimación de una vez, exigiendo que se suspenda el financiamiento público a los partidos políticos. ¿La razón? Asegún ellos, los partidos no están cumpliendo con la fiscalización que se supone deben hacer con esos cuartos. Este es un pedimento que busca una mayor transparencia en cómo se manejan los fondos del pueblo, porque la verdad sea dicha, la gente está cansá de la chercha con la plata.
La vaina no es un relajo; está todo legalizado con el acto de alguacil No. 621-2026, formalizado por Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez (Piro) de Somos Pueblo Media y Hernani Aquino de RD Por Lo Alto. Sus abogados, gente de peso, emplazan a la JCE a actuar sin falta y adoptar medidas urgentes y verificables. Esto pone al órgano electoral en el ojo del huracán, no solo como árbitro, sino como garante del correcto uso de los bienes del Estado y de las reglas democráticas que nos rigen.
Es importante recordar que el financiamiento público a los partidos es una obligación legal, establecida por la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley 20-23 de Régimen Electoral. Estas normativas buscan fortalecer la democracia y la equidad electoral. Sin embargo, históricamente, la fiscalización de estos fondos ha sido un dolor de cabeza crónico en el país, con constantes denuncias de informes deficientes o ausentes, creando un vacío de información significativo sobre el destino de miles de millones de pesos.
La ausencia de una fiscalización efectiva genera una desconfianza brutal en el sistema político. Este corre-corre de la falta de rendición de cuentas no es nuevo; desde hace un viaje de tiempo se cuestiona si la JCE posee las garras, el personal y los recursos necesarios para supervisar a los partidos. Si la JCE no se pone las pilas y cumple con estas exigencias en el plazo perentorio, las organizaciones están dispuestas a llevar el caso a la vía contencioso-administrativa, lo que podría desatar un verdadero rebulú institucional.
El clamor por mayor transparencia y rendición de cuentas ha ido en aumento en la República Dominicana en los últimos años. El tigueraje de la sociedad civil, representado por entidades como Somos Pueblo, está cada vez más activo y exigente. Ya no basta con que los políticos hablen bonito; el pueblo quiere ver hechos, quiere saber dónde va cada chelito de sus impuestos. Este movimiento es un paso importante para fortalecer nuestra democracia y la cultura de la rendición de cuentas, demostrando que la institucionalidad prevalece de lo más bien por encima de cualquier interés particular.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
