Panorama Nacional. – El Gobierno de la República Dominicana expresó su rechazo a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de aplicar de manera general el principio de no devolución a todos los migrantes en condición migratoria irregular, al considerar que dicha medida vulneraría la soberanía del Estado y desconocería su marco constitucional y legal.
A través de un comunicado oficial, el Estado dominicano fijó su posición frente a las observaciones emitidas por la CIDH sobre las políticas migratorias nacionales, reafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos, pero dejando claro que esta responsabilidad debe ejercerse en equilibrio con el derecho legítimo de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio.
El Gobierno dominicano señaló que aceptar la aplicación indiscriminada del principio de no devolución equivaldría a obligar al país a admitir a toda persona extranjera que intente ingresar de manera irregular, particularmente ciudadanos haitianos, en un contexto de presión migratoria excepcional derivada de la prolongada crisis política, social y humanitaria que afecta a Haití.
En ese sentido, el Gobierno destacó que la situación migratoria debe ser analizada desde una perspectiva regional, subrayando que durante décadas la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras, actuando con solidaridad y responsabilidad humana.
El comunicado sostiene que las medidas migratorias adoptadas por el Gobierno responden a la necesidad legítima de ordenar un flujo migratorio extraordinario, con el objetivo de preservar la cohesión social y evitar un impacto insostenible sobre los servicios públicos, especialmente en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.
Respecto a la atención médica, las autoridades reiteraron que ninguna persona es privada de servicios de emergencia por su estatus migratorio, y que existen protocolos de coordinación entre los organismos sanitarios y migratorios para garantizar atención prioritaria a mujeres embarazadas, niños y personas con condiciones especiales.
Asimismo, el Estado dominicano aseguró que en los centros de procesamiento migratorio se ejecutan mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, manteniendo una política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
El Gobierno expresó preocupación por el enfoque del comunicado de la CIDH, al considerar que privilegia alegaciones no verificadas sobre la información oficial suministrada por las autoridades nacionales, reiterando su disposición al intercambio técnico y transparente de datos.
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