La República Dominicana se apresta a dar un ‘palo’ con la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), Ley núm. 47-20. Esta movida, más que necesaria, busca darle un empuje a la economía y facilitar que la inversión privada eche raíces y desarrolle proyectos de infraestructura y servicios públicos que nos beneficien a todos. El objetivo principal es agilizar proyectos, fortalecer la capacidad estatal y crear un ambiente más chulo para los inversionistas que quieran apostar por el desarrollo dominicano.
Para los que no están muy claros con esta ‘vaina’, las APP son acuerdos estratégicos entre el Estado y empresas privadas para desarrollar grandes obras y gestionar servicios esenciales. Aquí, cada quien pone lo suyo: el privado invierte, financia y opera, y el Estado regula y garantiza que se cumpla el interés público. Andrés Lugo Risk, el titular de la institución, según la noticia, estuvo explicando durante el simposio sobre la reforma, la importancia de estas mejoras y lo bien que nos vendrán.
Actualmente, la burocracia puede ser un verdadero dolor de cabeza, tú sabes. A día de hoy, los proyectos de APP pueden durar entre 24 y 36 meses solo en las fases de evaluación, estructuración y adjudicación, ¡un viaje de tiempo que desanima a cualquiera! Pero, ¡tranquilo!, la reforma promete bajar esa espera de forma drástica, a un período mucho más manejable de entre 10 y 18 meses, lo cual es una mejora bastante bacana. Angelo Gómez, el subdirector de Contratos, explicó la metodología para lograr esta agilización, prometiendo procedimientos más ajustados a la complejidad de cada iniciativa.
La cosa no es solo recortar plazos, que ya es un avance significativo. La reforma también se enfoca en que el Estado esté más ‘puesto pa’ lo suyo’ para identificar y preparar proyectos desde el inicio, incluyendo la financiación de los estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios. Esto es crucial, porque con buenas bases, los inversionistas se sienten más seguros y la ‘vaina’ fluye mejor. Además, se busca la optimización de activos públicos, permitiendo que empresas privadas inviertan y gestionen determinadas instalaciones estatales sin que el Estado pierda la propiedad, ¡eso sí que es una jugada jevi para aprovechar al máximo nuestros recursos!
Además de lo anterior, la propuesta trae cambios en las reglas de financiamiento, la distribución de responsabilidades entre el Estado y los inversionistas, y los procedimientos de licitación. Todo esto para que no haya demoras tontas y la ejecución sea de una vez, con menos trabas. Jennifer Contín, como parte del equipo de la división de Contratos de APP, mencionó algunos logros chulos ya visibles, como el puerto Duarte en Arroyo Barril, Samaná, adjudicado en 2023 con una inversión privada anunciada de US$68.7 millones. También adelantó que la inspección técnica vehicular es una de las iniciativas previstas para licitación, lo que demuestra que se está trabajando con ahínco.
La verdad es que con estos cambios, se abren un viaje de oportunidades para el desarrollo de nuestro país. Los recursos públicos se aprovecharían mejor, y la inversión privada le daría un empuje fuerte a la economía, generando más empleo y mejorando nuestros servicios. Pero, ¡ojo!, el éxito final de este ‘brebaje’ dependerá de que las modificaciones se aprueben de verdad, que los contratos sean de calidad y que el Estado se mantenga supervisando bien esa vaina para asegurar el cumplimiento y los beneficios para todos los dominicanos.
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
