Productores de cerveza, ron y de bebidas no alcohólicas alertan sobre el impacto negativo en la economía local
En medio del debate generado por la reforma fiscal propuesta desde el Gobierno dominicano, nuevas voces del sector empresarial han expresado su preocupación por el impacto que esta podría tener en sus respectivas industrias. Lo dicen sin rodeos.
Diversas asociaciones, gremios y empresas han manifestado su desacuerdo con algunas de las medidas fiscales planteadas, advirtiendo sobre posibles repercusiones negativas tanto en la economía como en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población. Entre los que serían perjudicados -según sus argumentos anarbolados– se encuentran la industria de bebidas no alcohólicas, la producción de ron y cerveza. Éstos, igual que los jóvenes empresarios, coinciden en que la reforma necesita ajustes importantes antes de ser aprobada por el Congreso.
Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, se pronunció sobre el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, que propone un aumento en los impuestos a las bebidas alcohólicas. Destacó que este incremento, que eleva el impuesto selectivo al consumo (ISC) de RD$724.12 a RD$840 por litro de alcohol absoluto, podría afectar significativamente al sector cervecero, que genera el 2.7% del producto interno bruto -PIB- y aporta RD$41,335 millones en impuestos anuales. Además, Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes, advirtió que el aumento de la carga impositiva sobre las bebidas alcohólicas podría debilitar la capacidad de los comerciantes para mantener sus negocios, lo que repercutiría en la generación de empleo y el sustento de miles de familias, considerando que el 98% de los negocios en el país son Mipymes.
Por el lado de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas), que representa a las principales empresas del sector, hay rechazo al nuevo impuesto selectivo al consumo que se aplicaría sobre las bebidas azucaradas. Aunque reconocen la necesidad de una reforma tributaria, advierten que esta medida afectaría de forma desproporcionada a una industria que juega un papel clave en la economía nacional, generando miles de empleos y promoviendo el desarrollo de una vasta cadena de valor que incluye pequeños comercios.
Según Asibenas, el impuesto propuesto podría incrementar el costo de algunos productos entre un 25% y 50%, lo que impactaría directamente a las familias de los primeros quintiles de la población.
El argumento de las autoridades, que justificaron el gravamen bajo la premisa de que las bebidas azucaradas son principalmente consumidas por los hogares de mayor poder adquisitivo, fue refutado sin ningún rodeo por Asibenas.
La asociación destacó que estas bebidas, como refrescos, jugos y malta, son productos esenciales en la canasta básica de muchos hogares de bajos ingresos. Además, citaron experiencias de otros países, donde se ha comprobado que entre el 49% y el 63% del impuesto recaudado en este tipo de productos proviene de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad. Si se aprobase la medida, advierte el gremio, los sectores más pobres cargarían con la mayor parte.
Otro sector que ha alzado la voz en contra de la reforma es la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), que objetó el aumento propuesto en el ISC para las bebidas alcohólicas.
Circe Almánzar, portavoz de la asociación, señaló que el ron dominicano ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas de la región, con 52% en la actualidad y hasta un 65% en los productos de menor precio. Este aumento, según Almánzar, colocaría al ron dominicano 13 puntos por encima de otras bebidas alcohólicas, tanto locales como importadas, lo que afectaría a los consumidores de menor poder adquisitivo. Adopron también advirtió sobre el peligro que este incremento podría representar para el aumento de la producción y consumo de bebidas ilegales. Según la asociación, el aumento del ISC Específico a más del 52% en 2012 incentivó el mercado ilícito de bebidas adulteradas, lo que provocó la muerte de más de 500 personas. Adopron pide equidad en la aplicación de los impuestos y recuerda que la industria del ron es uno de los motores de divisas y empleo en el país, además de ser un símbolo de la identidad nacional.
En esa línea de preocupación, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) expresa su postura sobre el Proyecto de Modernización Fiscal, y aboga por una reforma integral y participativa. Sin dejar de reconocer la intención del Gobierno, de generar un sistema tributario que responda a las necesidades de inversión social, considera que la propuesta actual no refleja los principios de equidad, integralidad y consenso.
Lo que no ocurrió, y debió ocurrir
Según la Anje, la reforma debería haber surgido de un diálogo abierto y transparente, tal como lo establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que no ha sucedido hasta el momento.
La organización llamó a los legisladores para que se escuchen las posturas de los diferentes actores sociales antes de aprobar el proyecto.
Otra propuesta vista como odiosa es la modificación del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI). Se le ve como una propuesta contradictoria con los esfuerzos por reducir el déficit habitacional. El nuevo umbral exento propuesto, que equivaldría al valor de una vivienda de bajo costo (RD$5,025,380), sigue siendo motivo de controversia, especialmente porque las leyes de incentivos han otorgado exenciones en el pasado, vigentes actualmente, a propiedades de alto valor, que deberían estar pagando impuestos.
Otro punto que ha generado serias críticas es la modificación del Impuesto de Circulación Vehiculazar (Marbete). Según la propuesta, los vehículos de más de cinco años de antigüedad pagarían un monto fijo de RD$3,000, mientras que los más recientes, de hasta cinco años, pagarían RD$6,000.
Un auto de 2 millones paga igual que uno de 10
El Impuesto de Circulación Vehicular ha sido visto desde siempre como injusto por dueños de autos, y parece que lo seguirá siendo. Al cobrarlo, no se toma en cuenta el valor de un vehículo respecto al otro. Por ejemplo, un automóvil nuevo de dos millones de pesos pagaría y paga lo mismo que otro de diez millones, lo que no refleja una distribución justa de la carga tributaria. También hay casos en los que un aparato usado cuesta mucho más que uno nuevo, en función de su marca, tamaño u otros elementos a considerar.
En el tema…
Por las reacciones surgidas, todo indica que el Gobierno no cuenta con el “bueno y válido” de muchos sectores del país.
¿Consenso?
Si bien el Congreso es mayoritariamente del partido que gobierna, se espera que no apruebe la rerforma fiscal a la fuerza.
