La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservó el fallo sobre el recurso contencioso de la empresa a la que se arrendó por 25 años el Teatro Agua y Luz, cuyo contrato declaró ilegal en el 2020 la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
La acción contenciosa fue interpuesta por la Consultoría Astur, S.A, la que fue favorecida recientemente en una casación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que revocó la segunda decisión de otra sala del TSA, enviando el caso de nuevo a esa instancia judicial.
Esta es la tercera vez que el expediente vuelve al TSA como consecuencia de una segunda casación de la SCJ. La primera vez, la Alta Corte la declaró inadmisible y la segunda, según los abogados de la empresa, el alto tribunal motivó en cuatro razones de fondo su decisión SCJ-TS-24-0250 que revocó el dictamen de la Quinta Sala del TSA.
La consultora jurídica de la DGCP, Raquel Miranda, sostuvo en audiencia que al anular el contrato se acogieron de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley 340-06 y solicitó declarar válido el escrito de defensa de la entidad pública y que se rechazara en todas sus partes el recurso contencioso en contra de la resolución RIC-96-2020.
El titular de la DGCP, Carlos Pimentel, ha insistido que, entre las irregularidades que posee el contrato, figura “que Corphotels, en su calidad de institución contratante, no otorgó el plazo mínimo de participación, lo que ocasionó que se violara el principio de participación, amparado en el numeral 8 del artículo 3 de la Ley 340-06.
Pimentel dice que tampoco se incluyó en el pliego de condiciones los criterios y parámetros que permitieran establecer de manera objetiva su evaluación y calificación.
