Panorama Nacional. El Ministerio Público acusó formalmente por terrorismo a Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, de nacionalidad peruana, por realizar una falsa amenaza de bomba que activó los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero. La acción provocó el retorno forzoso de un vuelo de Copa Airlines con destino a Panamá y la paralización parcial de las operaciones aéreas.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado realizó una llamada telefónica alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299, cuando la aeronave se encontraba en pleno trayecto.
La advertencia fue recibida a través del centro de atención de la empresa concesionaria del aeropuerto, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia nacionales.
El expediente detalla que Del Pino Cuya ofreció versiones contradictorias durante la llamada, identificándose primero como gerente de un restaurante de alto nivel y afirmando luego que la información provenía de un familiar o un amigo. También aseguró ser una persona procedente de Francia, lo que levantó mayores sospechas entre las autoridades.
La falsa alarma obligó al avión a retornar al AILA, donde se procedió a la evacuación de los pasajeros y a una inspección total de la aeronave y del equipaje. Como consecuencia, varios vuelos fueron desviados hacia los aeropuertos de Punta Cana y Santiago, y las operaciones aéreas permanecieron suspendidas por aproximadamente tres horas, con un amplio despliegue de organismos de seguridad del Estado.
Aunque no se encontró ningún explosivo, el Ministerio Público sostiene que la conducta encaja en el delito de terrorismo, conforme a la Ley 267-08, al tratarse de una acción destinada a generar pánico colectivo y afectar un servicio estratégico como la aviación civil. El imputado permanece detenido en la cárcel preventiva de San Luis y la audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso fue fijada para mañana jueves 5 de febrero en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.
