¡Prepárense, mi gente! Las Empresas de Cobranza en nuestra República Dominicana están manejando un ‘un viaje de dinero’ en deudas, ¡más de RD$100,000 millones de pesos! Así mismo lo soltó Francisco del Carpio, el presidente de la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (CORD). Esta ‘vaina’ es seria, porque estamos hablando de una cantidad que está en diferentes etapas de recuperación, lo que nos da una idea clara del tamaño del problema de las deudas en el país.
Normalmente, estas deudas que terminan en manos de las Empresas de Cobranza son casos que ya tienen un buen tiempo en mora. Es decir, clientes que tienen años sin saldar sus compromisos, al punto que muchas entidades financieras hasta han tenido que ‘castigar’ esos montos en sus libros. Esto demuestra la complejidad del proceso y la necesidad de buscar soluciones que beneficien a todas las partes, sin que nadie salga ‘jodío’ por completo.
El ‘plata’ administrada, aclaró del Carpio, no es de una sola empresa, sino de todas las compañías que conforman CORD. Ellas tienen en sus manos carteras de crédito en diversas fases, desde las que están ‘calientes’ y se están negociando, hasta las que ya parecen casos ‘perdidos’ pero donde aún hay esperanzas de recuperar algo. Es un trabajo que requiere ‘tigueraje’ y estrategia.
Aunque el sector financiero es el ‘cliente principal’ de estas gestoras, la verdad es que sus servicios van más allá de los bancos. Según la noticia, también les dan la mano a sectores como el inmobiliario, el comercial y a otros segmentos del ecosistema de cobranza. O sea, que la cosa no es solo con préstamos bancarios, sino que abarca un espectro mucho más amplio de compromisos económicos en el ‘patio’.
Lo ‘jevi’ de todo esto es que, en un acto reciente, estas empresas de cobranza se juntaron con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y ‘metieron mano’ con un acuerdo bien importante. ¿Cuál es el ‘mambo’? Se comprometieron a dejar de cobrarle a gente que no tiene nada que ver con la deuda, y a parar las llamadas ‘molestosas’ e insistentes que tanto ‘bregan’ a los consumidores. ¡Esa es una ‘vainita’ que la gente estaba pidiendo a gritos!
Con este acuerdo, la idea es que las empresas actúen ‘conforme a la ley’, respetando la dignidad de las personas deudoras. O sea, se puede cobrar, ¡claro!, pero no se puede atropellar ni ‘aporrear’ a nadie, mucho menos a quienes no tienen vela en ese entierro. La intención es que el proceso sea más humano y no se convierta en una pesadilla para los que tienen compromisos financieros.
Francisco del Carpio subrayó que un objetivo clave de CORD es ‘humanizar la gestión de cobros’. Esto significa que, si bien es necesario recuperar el dinero para que el sistema financiero siga ‘jalando’, el proceso debe hacerse con el debido respeto a los derechos y la dignidad del deudor. Es un balance delicado entre la necesidad de cobrar y el respeto al prójimo.
Como señaló Eddy Alcantara, la cobranza es una labor imprescindible para que la economía no se ‘frene’, pero debe ejecutarse con delicadeza y respeto. Su afirmación de que ‘Hay derecho a cobrar, pero no hay derecho a atropellar’ es un punto clave que busca reducir las quejas por cobros abusivos que llegan a Pro Consumidor. Es una señal de que el ‘tigueraje’ en la calle tiene que respetar la ley.
Aunque no se dieron cifras exactas de cuántos casos se han resuelto, la noticia destaca que han logrado la conciliación en la mayoría de ellos. Esto es un ‘palo’, porque indica que cuando se busca un punto medio y se negocia con ‘cabeza fría’, se pueden encontrar soluciones que eviten que las deudas se conviertan en un problema sin fin para las familias dominicanas.
En resumidas cuentas, este esfuerzo conjunto entre las empresas de cobranza y Pro Consumidor es un paso ‘pa’ lante’ en la protección de los derechos del consumidor y en la dignificación del proceso de cobro en la República Dominicana. Es una buena señal de que se busca un equilibrio para que, al final del día, todos estemos ‘de lo más bien’ dentro del marco legal.
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