La Corte Penal Internacional (CPI) fue fundada en 2002 en La Haya, Países Bajos, con la misión de investigar y enjuiciar a personas acusadas de los crímenes más graves cuando los países implicados no tienen el compromiso o la capacidad de llevarlos ante la justicia.
La Corte toma cuatro tipos de casos: agresión entre países, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Se compone de 18 jueces, altos funcionarios judiciales y abogados elegidos por los países miembros para un mandato de nueve años.
Su sección más importante es la Fiscalía, que conduce investigaciones y procesamientos. Cuando una investigación finaliza y el sospechoso es arrestado, la corte puede en teoría organizar un juicio y sentenciar a los hallados culpables. Sin embargo, en la práctica, realiza su misión en condiciones extremadamente difíciles: 124 países son miembros de la Corte pero muchos otros no la reconocen, incluidos Estados Unidos, China, Rusia e Israel.
Los propios Estados miembros no siempre cooperan, dependiendo del contexto político. En tal caso los investigadores carecen de medios para hacer su trabajo, los testigos pueden verse sometidos a presiones, y arrestar acusados es un desafío dado que la Corte no dispone de un cuerpo de policía propio; depende de la buena voluntad de los estados miembros.
Si un sospechoso está en territorio de un país que no reconoce la autoridad de la Corte, prácticamente no hay chance de que sea arrestado. Y algunos países miembros no honran su obligación de cumplir con las detenciones. Estos factores explican, en parte, los resultados dispares del tribunal: De los alrededor de 30 casos iniciados desde su creación, cerca de la mitad siguen activos, en parte porque los acusados no han sido aprehendidos.
Menos de la mitad de las órdenes de arresto lanzadas desde 2002 han sido ejecutadas. Por ende, su tasa de condenas es baja; en unos 20 años declaró culpables a 11 acusados, todos africanos, mientras que otros cuatro han sido absueltos.
