Los tribunales dominicanos dieron luz verde al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la incautación del avión propiedad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que ingresó al país con el fin de recibir mantenimiento y llevaba varios meses inmovilizado en el aeropuerto El Higüero, en Santo Domingo.
Así lo confirmó el canciller Roberto Álvarez, quien señaló que en mayo el Ministerio Público recibió una primera solicitud de la justicia estadounidense para que la aeronave Dassault Falcon 900EX fuera “inmovilizada o secuestrada”. Esta solicitud tuvo respuesta de un tribunal nacional el 22 del mismo mes.
Una segunda orden judicial, con fecha de ayer, lunes 2 de septiembre, autorizó la entrega de la aeronave a Estados Unidos, la cual fue acatada por el Ministerio Público, permitiendo que las autoridades estadounidenses la trasladaran al aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida.
Sin embargo, Álvarez insistió en que “ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos” y solo se actuó en respuesta a las órdenes emitidas por los tribunales dominicanos, responsables de verificar “los méritos de la solicitud de secuestro de la aeronave” en atención a los acuerdos bilaterales entre el país y Estados Unidos, agregó el diplomático.
Agradecimiento a RD
El Departamento de Justicia confiscó la aeronave bajo el alegato de que la misma fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro.
Esto establece una violación a la Orden Ejecutiva 13884 de 2019 que prohíbe a los estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendan actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro, advierte el Departamento de Justicia en un comunicado.
Además, la compra de la aeronave también viola las disposiciones del Departamento de Comercio para controlar la exportación de artículos destinados a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.
De acuerdo con la justicia estadounidense, el gobierno de Maduro utilizó una empresa fantasma con sede en el Caribe para “ocultar su participación” en la compra ilegal de la aeronave a una empresa con sede en Florida.
El avión fue exportado “ilegalmente” del país norteamericano a través del Caribe en abril del año pasado y desde mayo “ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países“, según el Departamento de Justicia.
La oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia y la de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fueron las instituciones que trabajaron en colaboración con las autoridades dominicanas en el caso. A estas agradecieron por la asistencia recibida.
Cinco meses en el país
El avión Dassault Falcon 900EX llegó a la República Dominicana en marzo junto con otro de matrícula venezolana, para mantenimiento, sin embargo, no volvió a salir de aquí.
Estuvo en el país bajo un nombre distinto al del Gobierno venezolano y permaneció inmovilizado en el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer, también llamado La Isabela y El Higüero, por unos cinco meses.
El canciller Álvarez dijo que la razón que reportó la aeronave para ingresar al territorio dominicano es “bastante normal”, considerando que el país ofrece “servicios (de mantenimiento) de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves”.
Detalles del avión
El Dassault Falcon 900EX es un jet ejecutivo de larga distancia fabricado por la compañía francesa Dassault Aviation. Este modelo es una variante del Falcon 900 y tiene dos ventajas principales: puede realizar vuelos largos y operar en pistas cortas, según informa la empresa.
Está equipado con tres motores Honeywell TFE731-60 que le dan una potencia considerable, alcanzando una velocidad de crucero de 950 kilómetros por hora y una altitud máxima de 15,500 metros.
El avión tiene una longitud de 20.2 metros y puede albergar entre 8 y 19 pasajeros.
Antes de ser adquirido por el régimen de Maduro, el avión estaba registrado en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviation, un corredor que compra y vende aviones usado, con sede en Florida.
Maduro fue visto por primera vez viajando en la aeronave en diciembre pasado cuando llegó a San Vicente y las Granadinas en el jet, que tiene matrícula en San Marino, un territorio independiente en el centro de Italia al que la opacidad de su sistema bancario convierte en un paraíso fiscal.
El avión aterrizó en aeropuertos de países afines al gobierno de Caracas como China, Cuba y Brasil.
Este no es el primer avión venezolano que llega al país, otra aeronave, el Airbus A-319CJ trajo al fenecido Hugo Chávez durante varias visitas al país. Este avión, con más de 20 años de antigüedad, forma parte de los sancionados por Washington.
Registro en RD
El presidente Luis Abinader afirmó que el avión no estaba registrado con el nombre del Gobierno de Maduro, sino a título de un particular.
Al ser cuestionado por periodistas para que ofreciera el nombre del registro, el mandatario dijo: “Yo no conozco el nombre, pero no era al nombre del gobierno venezolano, no era identificable”.
Al ser preguntado una vez más, Abinader indicó que debido a la cantidad de aeronaves que llegan para recibir servicios de mantenimiento en el país, “el gobierno no tiene por qué saber”, después rectificó diciendo “no es que no lo sabemos. Yo no lo tengo aquí y no conozco el nombre de quién es la persona”.
La pregunta fue remitida al canciller, que solo dijo que se trata de una empresa privada.
“Lamentablemente no es algo que podemos hablar”, fue la respuesta que obtuvo Diario Libre del Departamento de Justicia al tratar de conseguir el nombre con el que se registró el avión.
Otra incautación
Los fiscales federales también han incautado varios aviones privados pertenecientes a altos funcionarios venezolanos y personas con información privilegiada que han sido sancionadas o acusadas en Estados Unidos.
En febrero de este año, Estados Unidos confiscó el Boeing 747-300, un avión de carga venezolano que había sido inmovilizado en junio de 2022 por Argentina a instancias de Washington, que lo acusaba de servir para operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en toda América Latina.
En 2020, el Gobierno español enfrentó una controversia por el aterrizaje de un avión privado en el que iba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía vetada la entrada a la Unión Europa por sanciones comunitarias al régimen.
El Gobierno de Venezuela tildó la confiscación de la aeronave como una “piratería” y anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado. A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición denunció fraude y reclamó la victoria.El lunes también significó que los vuelos comerciales entre el país y Venezuela siguieran suspendidos por órdenes de Caracas.El gobierno de Nicolás Maduro anunció la extensión por un mes de la medida tomada el pasado 30 de julio y que también afecta a Panamá y Perú. En ese sentido, el veto temporal “se mantendrá hasta el 30 de septiembre”.Las autoridades alegaron que la medida es en rechazo a supuestas “acciones injerencistas” respecto a las elecciones presidenciales.Así como a “la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad”.La incautación de la aeronave de maduro en suelo dominicano supone un nuevo obstáculo para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, afectadas desde el 28 de junio cuando República Dominicana y otros países de la región criticaron los comicios celebrados ese día. En respuesta, Caracas a rompió relaciones diplomáticas con ellos.El pasado 16 de agosto, en el marco de la segunda juramentación de Abinader, representantes de más de 20 estados firmaron una declaración en la que solicitaban al Gobierno venezolano que respetara la convención sobre asilo diplomático y los derechos de los votantes, además expresaban su rechazo a la represión y violencia postelectorales.
