Panorama Nacional. Tras comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer con relación a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. El gobierno dominicano fijó su posición de manera clara y responsable, reafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno.
El fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse en su dimensión regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras.
En ejercicio de su soberanía, República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.
Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éste genera sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo.
En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro territorio.
En ocasiones anteriores el Gobierno dominicano ha señalado que la crisis haitiana no es óbice para el cumplimiento de las leyes dominicanas en materia migratoria. La crisis haitiana constituye un desafío regional que requiere una respuesta colectiva. No existe una solución dominicana a la crisis haitiana. República Dominicana continuará abogando activamente en los foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable.
En materia de salud, República Dominicana reafirma que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por razón de su estatus migratorio. Los protocolos de coordinación entre autoridades sanitarias y migratorias buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con protección reforzada a mujeres gestantes, niños y pacientes con condiciones especiales.
En los centros de procesamiento migratorio, el Estado ha venido ejecutando mejoras progresivas de infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna y coordinación con instituciones competentes. República Dominicana mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
El Estado dominicano observa con preocupación que el comunicado de la CIDH parece privilegiar alegaciones no verificadas por encima de la información oficial remitida por las autoridades nacionales. Reitera su disposición al intercambio técnico y transparente de datos, y subraya que toda evaluación debe incorporar fuentes contrastables y el contexto regional que explica la presión migratoria excepcional.
La protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contrapuestos. La gestión ordenada y soberana de la migración es condición para preservar la estabilidad institucional y garantizar los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado.
En ese espíritu, República Dominicana reitera su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH sobre la base del respeto mutuo y la buena fe. El país valora el sistema interamericano como espacio de diálogo y mantiene abiertos los canales institucionales para avanzar en soluciones equilibradas que protejan los derechos humanos y respeten la soberanía dominicana.
