¡Mi gente, esto sí que es un caso que da para un viaje de comentarios! La Junta Central Electoral (JCE), que no solo está para las elecciones sino también para velar por nuestro Registro Civil, le ha dado un parón a un tremendo bacalao que se estaba cocinando. Una mujer, identificada como Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, ha sido sometida a la justicia tras ser acusada de un tigueraje mayúsculo: falsificar documentos para hacerse pasar por la viuda de un oficial de la Policía Nacional que falleció en 2019, y con eso, cobrar una pensión por sobrevivencia que no le correspondía. ¡Así como lo oyen, una Falsa Viuda que estaba haciendo de las suyas!
Este caso, que parece sacado de una película criolla, puso a trabajar a la fiscal adscrita a la JCE, Esther María González Peguero, junto al procurador de corte Pedro Jiménez Suero, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este. El corre-corre para desenmascarar este engaño comenzó gracias a la denuncia de los familiares del oficial fallecido, quienes se dieron cuenta de que esta señora estaba metiendo mano con un acta de defunción que era más falsa que un billete de tres pesos. Es de vital importancia la vigilancia ciudadana y familiar, porque sin ese pitazo, quizás este fraude seguiría de lo más bien, como si nada pasara.
Desde el 25 de abril de 2020, la imputada Dilennys Mercedes Rossó estaba recibiendo una pensión mensual de RD$13,814.55 del Plan de Retiro de la Policía Nacional, además de todos los beneficios adicionales, incluyendo la regalía pascual. Pónganse a pensar, en un país donde un sinnúmero de familias de nuestros policías y militares viven con penurias, que una persona se aproveche de esta manera del sistema, es un verdadero disparate. La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado certificó los pagos, evidenciando el tiempo que esta señora estuvo disfrutando de recursos que le pertenecían a otra persona, o en su defecto, que debían permanecer en el fondo para otros beneficiarios legítimos.
El sistema de pensiones es un pilar fundamental para la seguridad social de nuestros héroes y sus familias. Cuando se cometen fraudes de esta magnitud, no solo se afecta la institucionalidad, sino que también se desvían recursos que son vitales para aquellos que realmente los necesitan y se los han ganado con sangre, sudor y lágrimas. Este tipo de actos socava la confianza pública y debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. El impacto va más allá del dinero robado; afecta la moral y la percepción de justicia.
Las investigaciones no se quedaron ahí. La Dirección Nacional de Registro Civil, que es la que guarda todos nuestros registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, certificó, en su momento, que no existía ningún registro de matrimonio entre la imputada y el oficial fallecido en el sistema automatizado. ¡Se cayó la chercha! Además, y para más inri, se confirmó que Mercedes Rossó contrajo matrimonio civil, en una fecha posterior a la muerte del oficial, con otra persona ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte. Esto demostró sin lugar a dudas que su reclamo como viuda era un engaño total.
Para colmo de males, y como si fuera poco el abuso, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) certificó que la imputada figura como propietaria de un vehículo marca Nissan, modelo Versa SV, año 2016, valorado en RD$369,830.83. Esto, claro está, levantó más sospechas sobre cómo una persona que supuestamente dependía de una pensión modesta, podía tener bienes de este valor. Estas evidencias recopiladas fueron clave para armar un expediente bien chulo, que permitió establecer la falsificación de documentos y los beneficios económicos obtenidos de manera irregular. Ahora, el caso está en manos del Ministerio Público, que seguramente le echará el pleito con todo el peso de la ley para los fines correspondientes.
Este caso nos recuerda la importancia de tener instituciones fuertes y vigilantes, y de un sistema de Registro Civil que sea infalible. La JCE no solo organiza las elecciones, sino que también es garante de la veracidad de nuestros datos personales, una función que a veces pasa desapercibida pero que es crucial para evitar este tipo de fraudes. Es un mensaje claro para aquellos que piensan que pueden hacer de las suyas y meterle un gol al sistema: tarde o temprano, la verdad sale a la luz y se ponen en aprietos. Y es que en esta media isla, aunque a veces las cosas tomen su tiempo, al final, el que la hace, la paga.
Este es un ejemplo de cómo la coordinación entre diferentes entidades del Gobierno, como la JCE, la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, y la DGII, es fundamental para combatir la corrupción y el fraude. Es un alivio ver que se están tomando medidas para proteger los fondos públicos y asegurar que lleguen a quienes verdaderamente les corresponden. ¡Qué sirva de lección para que nadie más intente pasarse de vivo con el dinero del pueblo! ¡Así se actúa, de una vez y sin coro!
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