¡Pero qué ‘vaina’ se ha armado en Costa Rica con el tema de las criptomonedas! La Asamblea Legislativa de nuestros hermanos ticos aprobó de una vez una reforma a la Ley 7786, que viene a ponerle un freno al lavado de capitales, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, especialmente en el sector de los activos virtuales. Este es un paso importante que, de seguro, tendrá repercusiones en todo el ‘Mercado Cripto’ de la región. ¡Se acabó el relajo!
Asegún se cuenta en los corrillos internacionales, esta movida no fue de boquita, sino que responde a una presión seria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI le había dado un ‘ultimátum’ a Costa Rica para que arreglara ese vacío regulatorio con las empresas que operan con activos digitales, o de lo contrario, iban a caer en la temida ‘lista gris’. ¡Imagínate tú! Eso habría sido un golpe bajo para la economía tica, encareciendo préstamos internacionales y generando una desconfianza que ni te cuento en su sistema bancario. Por eso, este proyecto, el 25.340, era más que necesario para que el país estuviera de lo más bien.
La nueva ley define claramente lo que es un ‘activo virtual’ –esa representación digital de valor que uno puede intercambiar o transferir– y también quiénes son los ‘proveedores de servicios’. Esos son los que, como negocio, se dedican a cambiar criptomonedas por dinero de curso legal, a transferirlas, custodiarlas o administrarlas. Entre las obligaciones más chulas que impone la ley están la identificación de clientes y beneficiarios finales, la debida diligencia, mantener registros de todas las transacciones y, ojo con esto, reportar cualquier operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¡No hay chercha con eso!
Además, el ‘tigueraje’ que ofrece estos servicios tendrá que inscribirse en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), aunque eso no significa una autorización para operar como tal, que conste. Si no cumplen, las multas están de un tamaño que te dejan frío: desde el 5% hasta el 50% del monto de la transacción por ciertos incumplimientos, y entre dos y cien salarios base por no inscribirse o no hacer la debida diligencia. ¡Un viaje de dinero que se te puede ir si no andas derecho!
Pero la cosa no termina ahí. Mientras el gobierno tico celebra esta aprobación, voces importantes del sector, como la de la abogada Stephanie Sánchez, aseguran que esta reforma es apenas un pasito, que ‘le falta un pie’ para darle seguridad jurídica plena al ecosistema digital. De hecho, la Asociación Blockchain de Costa Rica (Asoblockchain) abrió una consulta pública para una propuesta de ley marco que ellos ven como ‘prácticamente el Código Civil de la industria descentralizada’. Esto demuestra que el debate sobre una regulación integral para la economía digital en Costa Rica apenas está calentando. La ‘guagua’ de la regulación tiene un largo camino por delante.
Ahora, la efectividad de todo este coro de regulaciones dependerá mucho de cómo la Sugef implemente la supervisión en la práctica. La ley da un plazo de tres meses para su reglamentación y tres meses más para entrar en vigor tras su publicación. O sea, todavía hay un chance para que las cosas se ajusten y se pongan más claras. Este movimiento de Costa Rica podría, incluso, sentar un precedente bacano para otros países de la región que aún están en la fase de ‘qué hacemos con esto’ en cuanto a la Regulación de las criptomonedas. ¡Habrá que ver cómo se desarrolla esta historia!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
