La situación de la violencia de género en República Dominicana, en especial la de los feminicidios, es una ‘vaina’ que no da tregua. La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres ha encendido las alarmas, denunciando que, ante la Crisis de Feminicidios, el Estado parece estar en ‘mute’, sin saber cómo responder ni antes ni después de que las tragedias sucedan. Asegún estas organizaciones, las mujeres están ‘dando la cara’ y denunciando, pero el sistema no las protege, dejando un amargo sabor a desamparo y, lo que es peor, a impunidad.
No es un secreto que la violencia machista es un problema profundo en nuestro país. Los feminicidios, según los datos de la Coalición, son el segundo crimen más denunciado, solo superado por los accidentes de tránsito, lo que ya dice mucho del ‘tigueraje’ y la indiferencia que a veces se siente. La queja principal es que las instituciones, que deberían ser un refugio, muchas veces se convierten en un laberinto sin salida, donde las víctimas no encuentran ni prevención efectiva ni una respuesta judicial que valga la pena después de haber sido agredidas o incluso de perder la vida.
El ‘relajo’ con la aplicación de la justicia en casos de violencia de género no es nuevo. Casos como el de la mujer asesinada por su expareja cerca de una fiscalía, o la decisión que le dio un perdón judicial al pelotero Wander Franco, aunque de naturaleza distinta, mandan un mensaje ‘jevi’: que denunciar puede no ser suficiente y que las consecuencias para los agresores, a veces, son más suaves que un ‘mangú con tres golpes’. Esto genera un ‘coro’ de desesperanza y mina la confianza en que el sistema realmente ‘se ponga la pila’ y proteja a las ciudadanas.
Históricamente, República Dominicana ha tenido leyes para proteger a las mujeres, como la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, pero la brecha entre la ley escrita y su aplicación efectiva es ‘un viaje de’ grande. La falta de recursos, la capacitación insuficiente de los agentes, la burocracia y, sí, el machismo arraigado en algunas esferas del poder, hacen que el camino para la justicia sea cuesta arriba. No es solo un problema de leyes, sino de voluntad política y de un cambio cultural que aún no acaba de ‘cuajar’ en muchos sectores.
La Coalición, con la frente en alto, no se ha quedado de brazos cruzados. Han anunciado una ‘ruta nacional’ de acciones mensuales, que incluirá desde movilizaciones masivas, jornadas de firmas, creación de murales artísticos, foros públicos y actividades comunitarias. Todo esto con un único objetivo: poner presión para que el Estado ‘despierte de una vez’ y cumpla con su deber. Es un llamado a la sociedad dominicana a decir ‘¡ya basta!’ y a exigir un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo, donde la vida se respete y donde la justicia no sea una utopía.
Esta ‘chercha’ de la impunidad debe terminar. Es hora de que las autoridades entiendan que proteger a las mujeres no es un favor, sino una obligación. La vida de nuestras madres, hijas, hermanas y amigas no es un juego, ni una ‘vaina’ de poca monta. Necesitamos acciones concretas que garanticen seguridad y justicia, y que el mensaje para los agresores sea claro: ‘aquí no se guayan las papas’.
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
