¡Klk, mi gente! Aquí en el patio la cosa se está poniendo picantísima con el nuevo Código Penal. Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), ha tirado la voz de alerta sobre una ‘vaina’ que podría darnos un ‘dolor de cabeza’ a la hora de denunciar. Asegún él, las nuevas disposiciones sobre difamación e injuria, especialmente el famoso artículo 208, tienen el potencial de meterle un susto a periodistas, medios y cualquier ciudadano que se atreva a decir la verdad. Esto es un lío, porque podríamos ver un retroceso en la libertad de expresión.
El meollo del asunto con este artículo 208 es que establece sanciones que van desde prisión hasta multas bien ‘jevis’ para los culpables de difamación por cualquier medio, incluyendo plataformas digitales y redes sociales. Lo ‘chulo’ es que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre esta misma vaina, eliminando la prisión por difamación en sentencias anteriores, buscando liberar el espacio comunicacional. Pero parece que el legislador se hizo el loco y ha vuelto a la carga, lo que nos pone en un aprieto. ¿Nos quieren poner una mordaza?
Históricamente, la República Dominicana ha tenido su ‘tigueraje’ para balancear honor y libertad de expresión. La tendencia internacional es que las reparaciones por difamación sean civiles, sin cárcel. La preocupación de Maldonado es que volver a criminalizar la difamación, con penas de prisión, podría generar un temor generalizado, desincentivando un viaje de denuncias de interés público vitales para la transparencia.
Asegún se comenta, el Poder Legislativo intentó con esta ‘vaina’ frenar el mal uso de las redes para desacreditar o extorsionar, lo cual está de lo más bien en su intención. Sin embargo, en el afán de arreglar un problema, están creando otro mucho más grande, pisoteando criterios ya establecidos por nuestro Tribunal Constitucional. Es como querer matar las moscas a cañonazos, y en el proceso, quizás terminemos matando al periodismo de investigación y la participación ciudadana.
Lo más peculiar es que el Código Penal contempla excepciones en el artículo 211. Discursos en el Congreso, informes de los Poderes del Estado o del Tribunal Constitucional, y reseñas periodísticas de sesiones públicas, no se consideran difamatorios. ¡Qué bacano! Los que están en la pomada pueden decir de todo, pero al ciudadano de a pie o al periodista que no está en el ‘coro’ institucional, le caen con todo el peso de la ley. Esto no está ni ‘chulo’ ni ‘jevi’, crea una desigualdad que no hay quien la entienda.
Maldonado enfatiza que el miedo a enfrentar procesos judiciales o condenas millonarias podría paralizar a la prensa, especialmente a quienes investigan la corrupción. Un periodista o un medio que trabaje con el ‘tigueraje’ de la investigación, pensando que un juez lo puede condenar a una fortuna que no tiene, es muy probable que opte por el silencio. Y ese silencio, mi gente, es la peor de las mordazas para una sociedad que necesita ver y oír la verdad.
Con este panorama, es casi seguro que la ‘vaina’ de la difamación y el nuevo Código Penal va a terminar de nuevo en los tribunales, y lo más probable es que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra. Aquí en el patio, siempre luchamos para que la justicia sea equitativa y la libertad de expresión sea un derecho real y sin miedo, no solo en el papel. Vamos a ver en qué termina este ‘coro’.
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
