En la República Dominicana, la situación de las familias con menores que viven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un verdadero klk. Según la noticia, el país no tiene estadísticas oficiales sobre esta población de niños con condiciones del neurodesarrollo, lo que dificulta muchísimo la implementación de políticas públicas efectivas. Esta carencia fundamental genera un desamparo familiar profundo, dejando a los padres y tutores en una lucha solitaria contra los desafíos que impone el espectro.
La Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía ha manifestado su preocupación ante este panorama. Sin datos precisos, es una vaina seria pensar en soluciones reales que beneficien a estos pequeños. Cada familia, aunque con realidades distintas por el grado de la condición, comparte el mismo drama de la falta de apoyo, una situación que, según la periodista Margarita Quiroz –madre de una adolescente con TEA y miembro de la Mesa del Diálogo por el Autismo–, es sencillamente dramática en el patio.
Doña Margarita Quiroz describe la realidad como agotadora, tanto emocional como económicamente. A su juicio, las familias con hijos con TEA se ven obligadas a sacar fuerzas de donde no las hay para echar a sus muchachos hacia adelante, a pesar del desamparo total de las instituciones. No se trata de pedir dineros, sino de recibir el respaldo necesario para que estos niños y jóvenes puedan desarrollar autonomía, y que ministerios como el de Educación y Salud Pública, junto al Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), cumplan con su responsabilidad.
La carga económica es un peso muy pesado para estas familias. La periodista Quiroz detalla que el soporte que debería venir del gobierno lo están asumiendo ellos mismos, implicando una inversión mensual superior a los cien mil pesos, incluso para casos con el grado más leve de autismo. Este dineral se va en medicamentos, terapias especializadas –que son un viaje de caras por hora y se necesitan varias–, y en la alimentación adecuada para regular a los niños. A eso súmale los tratamientos psiquiátricos y estudios neurológicos, que también son una chercha.
La realidad es que, en muchos hogares, la situación se complica aún más, ya que muchas madres son solteras, abandonadas por sus parejas emocional y económicamente, o son viudas. Es un drama social que no encuentra respuesta gubernamental, a pesar de que la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue promulgada y sus reglamentos aprobados. El problema, según la noticia, es que no se han asignado fondos para su implementación, dejando la ley bonita pero solo en papel.
La Mesa del Diálogo por el Autismo, dirigida por el periodista Fernando Quiróz –hermano de Margarita–, denunció el pasado 5 de junio que se cumplían tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sin que el Estado dominicano ejecutara aspectos esenciales. Entre los incumplimientos más sonados, mencionaron la falta de una asignación presupuestaria, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo, la inexistencia de programas de formación para profesionales, y las barreras para acceder a educación inclusiva de calidad. ¡Una verdadera burla!
La entidad recordó que en julio de 2025, el entonces presidente Luis Abinader había expresado públicamente que se buscarían recursos en el Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley en 2026. Sin embargo, las familias aún están en las esperas de esas partidas y acciones concretas que hagan realidad los derechos contemplados en la legislación. Las evaluaciones diagnósticas y las terapias especializadas siguen siendo un lujo que solo unos pocos pueden pagar, convirtiendo el acceso a estos servicios en un privilegio y no en un derecho.
Aunque se reconoce la iniciativa de SeNaSa InTEgrA como una excepción positiva, cubriendo a tres mil niños hasta los diez años, la Mesa de Diálogo por el Autismo aclara que este programa no sustituye las obligaciones integrales de la Ley 34-23. Al final, la República Dominicana tiene la ley y el reglamento, pero miles de familias siguen bregando solas con los costos, la incertidumbre y todas las barreras que se supone la legislación debe eliminar.
La Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas a un viaje de instituciones: CONADIS, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID, Oficina Nacional de Estadística y todo el Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluyendo SeNaSa, las ARS y la DIDA. La normativa es chula, contempla protección social, coberturas de salud, formación de personal especializado, registro nacional e inclusión educativa, pero si no se le mete el dinero, esa vaina no arranca. Cada artículo sin aplicar es una familia que sigue en la lucha sin un respaldo real.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
