La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) ha levantado la bandera, ¡y con razón!, advirtiendo que el nuevo Código Penal que se viene cocinando podría poner en un ‘brete’ a las empresas de vigilancia privada en el país. Freddy González Estrada, presidente de Adesinc, ha señalado sin rodeos que los vacíos legales en este nuevo marco normativo son un dolor de cabeza, especialmente en lo que toca a la responsabilidad penal corporativa y el uso de la fuerza. Según la noticia, la vaina es que, así como está, la ley podría criminalizar sin necesidad la operación diaria de estas compañías. Este tema es una ‘chercha’ seria que necesita atención de una vez.
La principal ‘pega’ es la falta de delimitación clara. La preocupación es que un fallo individual de un vigilante –aunque se salga de los protocolos establecidos– no debería significar una persecución penal para la empresa completa o sus directivos por supuestas fallas de supervisión. Esto, según Adesinc, crea una incertidumbre grandísima y un ‘tigueraje’ legal que nadie quiere. El gremio, dice la noticia, no es que esté en contra de la modernización; al contrario, favorece que se actualice el marco normativo, pero exige garantías proporcionales para un sector que es un pilar importante para el **empleo** formal en el país.
No es un ‘coro’ cualquiera. Adesinc destaca que la industria de la seguridad privada es un motor de la economía dominicana. De acuerdo al reporte, genera más de 62,000 empleos formales, aporta anualmente sobre los 24,000 millones de pesos a la economía y contribuye con cerca de 90 millones de horas de vigilancia al año. Imagínense ustedes el ‘jangueo’ que representa eso. Un sector con ese nivel de impacto necesita reglas de juego claras, no un ‘relajo’ que lo deje vulnerable.
La situación se puso sobre la mesa durante el taller ‘El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada’, organizado por Adesinc el miércoles en el Hotel Embassy Suites by Hilton. El especialista Francisco Álvarez fue el expositor, desglosando el tema con lujo de detalles. Allí se discutieron puntos críticos como la necesidad de definir reglas sobre la legítima defensa para cuando los agentes usan armas de fuego en el cumplimiento de su deber, buscando prevenir procesos judiciales injustificados que le hagan ‘un lío’ a las empresas.
Además, el reporte indica que el aumento drástico de las penas y la creación de nuevos tipos penales ponen a las compañías formalmente reguladas en un ‘limbo’ de alta vulnerabilidad. El jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, no solo analizó el impacto de la ley en la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias, sino que también propuso una salida: un esquema de adecuación preventiva de 90 días. La idea es que los ejecutivos y asesores legales del sector se pongan las pilas y adapten sus controles internos ‘de una vez’ para evitar futuros problemas.
En resumen, la comunidad de la seguridad privada está atenta y pidiendo que se aterricen bien las normas. No se trata de oponerse al progreso, sino de asegurar que la seguridad jurídica no se vaya al ‘traste’. El llamado de Adesinc es claro: hay que trabajar juntos para que este nuevo **Código Penal** no se convierta en una amenaza para un sector vital para la paz y el desarrollo de nuestro país. Es un ‘asunto’ que nos concierne a todos.
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