¡Ay, mi gente! La ‘vaina’ se puso buena en los tribunales dominicanos, y es que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha anunciado que llevará a la mismísima Suprema Corte de Justicia la disputa por la jugosa suma de US$5 millones. Este ‘tigueraje’ judicial gira en torno a unos terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera, en un pleito que ya tiene sus añitos y que, según la noticia, involucra al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral. El Banco Central insiste en que la última decisión judicial que le obliga a pagar esos chelitos ofrece una ‘visión incompleta’ de todo el proceso, lo que significa que esto no ha terminado ni por asomo.
De acuerdo al reporte, una sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es el punto de partida de este nuevo capítulo. Pero para el Banco Central, esa decisión está sujeta a todos los recursos que permite la legislación dominicana, y ellos, de una vez, van a hacer uso de ellos. Esto quiere decir que el expediente podría volver a subir hasta la Suprema Corte, que tendrá la última palabra, como dicen por ahí. Este caso, que parece de nunca acabar, ha ido y venido por diferentes instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Superior de Tierras, demostrando que en estas lides, la paciencia es la clave.
Para entender mejor este lío, hay que echar el cuento desde el principio. La ‘chercha’ se remonta a 1999, cuando se hicieron unas operaciones para saldar deudas que el Estado tenía con contratistas de la ampliación de la Autopista Duarte. En aquel momento, el BCRD entregó unos terrenos suyos en Herrera a esos contratistas, mediante una figura legal que se conoce como ‘dación en pago’, y todo esto, por cuenta del Estado dominicano. Asegún el Banco Central, esta operación se hizo a petición del Poder Ejecutivo y con la previa autorización de la Junta Monetaria, así que la cosa no fue a lo loco.
La situación se complica un poco más porque, ligada a esa operación, había un contrato de permuta. Ese contrato, firmado el 18 de octubre de 1999 entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), fue luego aprobado por el Congreso Nacional. La idea era que el CEA se comprometiera a entregar al Banco Central otros terrenos, ubicados en San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como forma de compensación por los inmuebles de Herrera que el BCRD había transferido para cubrir las deudas estatales. Es decir, que los terrenos de Herrera no salieron de la nada, sino que tenían una contraparte.
El Banco Central ha salido al frente para rechazar cualquier insinuación de que su participación en estas operaciones fuera una apropiación ilegal de terrenos o que buscara fastidiar a los contratistas. La institución es enfática al afirmar que ha actuado siempre dentro de sus competencias legales y cumpliendo con las responsabilidades que le fueron asignadas. Ellos dicen que respetan las decisiones de los tribunales y el debido proceso, pero que también están en todo su derecho de usar los recursos legales que consideren necesarios para defender los intereses del Banco Central y, por extensión, los del Estado dominicano.
Por si fuera poco, el BCRD ha dejado claro que seguirá depositando ante las instancias judiciales todos los documentos y argumentos jurídicos que demuestren las circunstancias bajo las cuales se realizaron las operaciones que dieron origen a este complejo litigio. Así que, prepárense, que esta ‘vaina’ de los US$5 millones y los terrenos de Herrera tiene cuerda para rato, y el desenlace final es una incógnita que solo el tiempo y la justicia podrán desvelar. Este tipo de casos son un claro ejemplo de cómo la burocracia y las transacciones estatales pueden generar ‘un viaje de’ complicaciones con el paso de los años.
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