¡No es ‘chercha’! Bienes Nacionales le baja el pulgar a abogados que dejan ‘perder’ los casos millonarios

¡Ay, sí! En esta tierra de oportunidades y ‘tigueraje’, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, se ha puesto los pantalones y ha decidido meterle el pecho a una situación que a muchos nos tenía con el grito al cielo. Según el reporte, la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) está en un plan de ‘cero relajo’ con la defensa de los terrenos del Estado. La cosa va en serio: el que deje perder un caso por ‘falta de diligencia’, no solo se va para su casa de una vez, sino que también podría ser sometido por dañar al Estado. ¡Eso sí es poner las reglas claras!

Esta nueva política, que busca blindar el patrimonio dominicano, llega justo después de una derrota judicial millonaria en el pleito por los terrenos de la avenida José Contreras. Esa vaina dejó al Estado comprometido a soltar 2,693.9 millones de pesos. ¡Un viaje de dinero que se esfumó por un recurso de casación que, alegadamente, se quedó tres años sin que nadie le metiera mano! Es decir, se perdió por pura ‘dejadez’, como dicen en el barrio. Burgos fue enfático: “El abogado que coge un defecto en los tribunales se va para su casa automáticamente y es sometido también por posible daño al Estado dominicano”.

El director se la ha jugado, asegurando que su gestión recibió ese expediente ya “casi perdido”, un problema que venía de atrás. Aunque lo encontraron “en un noventa por ciento” en contra del Estado, le metieron corazón para tratar de salvar lo que quedaba. El conflicto original se remonta a expropiaciones durante el gobierno de Joaquín Balaguer, con sucesores de la familia Peynado reclamando el justiprecio décadas después.

Este endurecimiento forma parte de una reorganización más amplia de cómo el Estado maneja sus bienes, especialmente las tierras que estuvieron bajo la administración del antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Según el director, el CEA era un “mercado persa” donde entre 2000 y 2020 se perdieron o manejaron mal más de dos millones de tareas, vendiéndose a precios que, asegún él, eran “de risa”. Encontraron, incluso, estructuras dedicadas a negociar terrenos públicos de forma irregular.

Ante este panorama, la gestión actual ha puesto un control riguroso a los procesos judiciales en todo el país, declarando que han “recuperado la soberanía” en los tribunales. Esto implicó una depuración fuerte: cerca de 200 abogados fueron desvinculados porque, según la noticia, se acusaba a parte de ese personal de ser cómplice de prácticas que perjudicaban al Estado, llegando algunos a “venderse” en los procesos que debían defender. La idea es que ni un solo expediente se pierda de nuevo por negligencia.

Para mostrar que el cambio va de lo más bien, Bienes Nacionales ha presentado seis sentencias favorables de 2025 y 2026, que en total suman unos 3,908.7 millones de pesos a favor del Estado. Estas decisiones, emitidas por tribunales como el Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia, demuestran que, según el reporte, se está dando una batalla jurídica efectiva contra reclamaciones relacionadas con terrenos y justiprecios. ¡Un logro que muchos esperábamos con ansias!

A pesar de estos avances, el caso de la José Contreras sigue ahí, como un “dolor de cabeza”. Aunque el Tribunal Constitucional rechazó la apelación de la actual administración, el director Burgos insiste en que el monto de la condena es “injusto”, pero reconoce que hay que pagar un “precio justo” a los propietarios. Ante la pregunta de cómo encararán esa obligación, la respuesta fue clara y concisa: “En su momento nos sentaremos a negociar”. ¡Esperemos que esa negociación sea chula y beneficie a todos!

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