El ‘chisme’ digital se ha puesto de lo más caliente en el patio dominicano con el caso de la comunicadora Karen Yapoort y el exbeisbolista Edwin Encarnación. Los rumores de una supuesta infidelidad y una ruptura matrimonial, que andaban regados por ahí como arroz en las redes sociales y otros medios, han prendido la alarma y puesto en el ojo del huracán las consecuencias legales de soltar informaciones sin verificar. Es una vaina seria que nos hace preguntar, ¿hasta dónde llega la chercha y dónde empieza la ley? La situación con Karen Yapoort ha desatado un debate necesario sobre la responsabilidad de lo que se comparte en internet.
Asegún la noticia, la bola de rumores sobre la vida privada de la pareja se propagó ‘de una vez’ por cuanta plataforma digital, medio de comunicación y programa de farándula existe, con un viaje de comunicadores e influencers dándole mente al tema. Ante esta situación, los representantes legales de Yapoort, ni cortos ni perezosos, habrían arrancado con acciones contra 25 medios, plataformas y figuras públicas. El objetivo de este ‘tigueraje’ legal es que se retracten y asuman su responsabilidad por el contenido que difundieron, dejando claro que no todo el mundo puede hablar lo que le dé la gana sin consecuencias.
La legislación dominicana, señores, es bien clara y tiene sus dientes para proteger el honor, la reputación, la dignidad y la imagen de las personas. El nuevo Código Penal dominicano, en su artículo 208, establece que la difamación es imputar públicamente un hecho concreto que pueda dañar la buena fama, la consideración o la dignidad de alguien. Esto no es un juego; si se atenta contra la imagen de una persona física o jurídica, se está metiendo en un lío bien gordo con la ley.
Y no es solo que te manden a recoger, sino que la normativa contempla sanciones penales y económicas que no son para relajarse. Estamos hablando de penas de prisión menor, de dos a cinco años, y multas que van de nueve a quince salarios mínimos del sector público. Aparte de eso, pueden venir otras medidas complementarias que la ley disponga. Pero ¡ojo!, la noticia aclara que difundir una información no verificada, por sí sola, no te pone un pie en la cárcel ‘de una vez’; cada caso se analiza atendiendo a sus circunstancias particulares.
El alcance de estas normas es ‘un bacano’, abarcando desde el periódico impreso de toda la vida, los programas de radio y televisión que oímos en la guagua, hasta los portales digitales, las redes sociales y todas esas plataformas de comunicación electrónica que usamos día a día. O sea, el Estado dominicano está claro en que, no importa por dónde se riegue el ‘chisme’, si es difamatorio, la ley te puede alcanzar sin importar el canal. Esto demuestra cómo la justicia se va adaptando a los nuevos tiempos.
Históricamente, la regulación de la difamación y la injuria en República Dominicana ha pasado por un ‘viaje’ de leyes, incluyendo el antiguo Código Penal, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Las reformas legislativas buscan poner al día el ordenamiento jurídico, adaptándolo a las nuevas modalidades de comunicación y a los conflictos que surgen cuando la gente suelta la lengua en el mundo digital. Es una lucha constante para mantener el balance entre el derecho a la expresión y la protección al honor.
En casos donde figuran personas públicas, como la conocida comunicadora Karen Yapoort, el análisis jurídico debe ser bien ‘chulo’ y considerar los derechos a la libertad de expresión y de información, sin dejar de lado la protección del honor y la reputación. No es un asunto simple, ya que se trata de encontrar el punto medio entre lo que el público tiene derecho a saber y el respeto a la vida privada de los individuos, especialmente cuando son figuras que están constantemente en el ojo público.
A raíz de las acciones de la defensa de Karen Yapoort, varios comunicadores, creadores de contenido y plataformas habrían recibido requerimientos legales, pidiéndoles que se retractaran de sus afirmaciones. Entre las reacciones más sonadas, tenemos a José Ángel, de ‘Los Ojos de la Farándula’, quien, según la noticia, habría admitido en ‘Esto no es Radio’ que sus fuentes no estaban en la verdad. Yapoort, con buen ‘flow’, aceptó sus disculpas y resaltó la importancia de la veracidad. También El Pío RD, un comediante, habría retirado sus comentarios sobre la supuesta separación matrimonial. Esto es un ‘klk’ que nos enseña una gran lección.
La lista de nombres mencionados en los requerimientos legales es ‘un viaje’, incluyendo a Verónica Batista, Brea Frank, Casimira, el programa Jessica en Punto, y hasta marcas como KFC, entre otros. Este caso, que ha puesto a la farándula patas arriba, es un recordatorio más que ‘jevi’ para todos los medios, comentaristas de espectáculos y creadores de contenido. Tienen que pensar ‘un millón de veces’ antes de difundir informaciones sobre la vida privada de los demás, porque las consecuencias legales, como hemos visto, están ahí y son bien de verdad.
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