En República Dominicana, la **justicia lenta** no es solo un tema de paciencia, sino una ‘vaina’ que le está saliendo bien cara a todo el mundo. Un estudio reciente, titulado ‘Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana’, presentado por el economista Rolando Guzmán y realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) junto a la Escuela Nacional de la Magistratura, ha puesto en blanco y negro la cruda realidad: los procesos judiciales superan los RD$100,000 en gastos para los ciudadanos involucrados, además de una carga significativa para el Estado. Esto no es ‘chercha’, es un golpe directo al bolsillo y al desarrollo del país.
Los cálculos del estudio no dejan espacio a dudas. Los que reportaron gastos legales desembolsaron, en promedio, RD$64,888 en honorarios de abogados y otros RD$56,204 en ‘tigueraje’ operativo: transporte, copias, certificaciones, trámites notariales, tasas y hasta la comida durante las audiencias. O sea, un proceso legal no solo consume tiempo y energía, sino que también desangra las finanzas personales y empresariales, convirtiendo cada ‘diligencia’ en un verdadero ‘dolor de cabeza’ económico.
El análisis, que abarcó una base de datos de aproximadamente 800,000 asuntos judiciales y examinó alrededor de 600,000 procesos para evaluar el cumplimiento de plazos, reveló una verdad preocupante. Solo el 42% de los casos logra resolverse dentro del tiempo estipulado, dejando a la gran mayoría en un limbo de espera que puede extenderse indefinidamente. Este bajo índice de eficiencia es una señal de alerta sobre la operatividad del sistema, que, ‘asegún’ los hallazgos, no cumple con sus propios cronogramas.
Además, la lentitud varía muchísimo dependiendo de la materia. Los asuntos inmobiliarios, por ejemplo, son los que más se tardan, con un promedio de 165 días para resolverse. En cambio, los casos de tránsito se manejan con más agilidad, promediando unos 21 días. Esta disparidad en la rapidez judicial pone en evidencia que ciertas áreas críticas para el desarrollo y la inversión, como el sector inmobiliario, están atrapadas en una ‘telaraña’ de burocracia y demoras que nadie quiere.
Las consecuencias económicas de esta ‘vaina’ se sienten más allá de los tribunales. La incertidumbre sobre cuándo se resolverá un caso o cuál será el resultado final puede frenar un viaje de inversiones, transacciones importantes y operaciones comerciales. Esta situación, ‘de una vez’, dificulta la ejecución de decisiones judiciales y complica la recuperación de bienes, creando un ambiente de inestabilidad que desincentiva cualquier movimiento económico significativo en el país.
El estudio también destacó cómo las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan dificultades particulares ante los altos costos y la larga duración de los procesos. Muchos abogados entrevistados en el marco de la investigación admitieron que, a menudo, tienen que recurrir al endeudamiento para cubrir los gastos asociados a los litigios, lo que demuestra lo ‘apreta’ de la situación. Incluso se reportaron casos donde usuarios tenían retenido más de RD$1 millón por periodos de hasta dos años debido a la lentitud en la ejecución de garantías, manteniendo comprometido el capital de trabajo.
Ante este panorama, ANJE ha puesto sobre la mesa cuatro prioridades clave para la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Primero, proponen una gestión diferenciada por materia y territorio, enfocándose especialmente en la Jurisdicción Inmobiliaria y las cortes de apelación. Segundo, sugieren fortalecer el sistema de ejecución de las decisiones judiciales. Tercero, plantean mejorar la calidad de los registros para medir con precisión la duración real de los procesos. Y, por último, la cuarta propuesta es impulsar servicios digitales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, haciéndolos más accesibles para las mipymes.
Boris De León Reyes, presidente de ANJE, enfatizó la importancia de este estudio como un aporte significativo para el diseño de reformas y políticas públicas que busquen mejorar el servicio judicial. Según el dirigente empresarial, es fundamental crear conciencia en la ciudadanía y el empresariado sobre el impacto de la eficiencia en el sistema de justicia, no solo en la inversión y la estabilidad de las empresas, sino también en el bienestar general de los ciudadanos. No se trata de ‘ponerle precio’ a los derechos, sino de asegurar un sistema que funcione ‘de lo más bien’ para todos en el patio.
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