Santo Domingo.- La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana anunció la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones que aumentaban los montos a pagar por parte de los usuarios al Seguro de Ley para vehículos de motor.
En ese tenor, la entidad reguladora de las empresas aseguradoras dio apertura a un proceso de consulta pública por un período de seis (6) meses para garantizar una participación efectiva de los sectores impactados, incluyendo gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, representantes del sector jurídico, académico y ciudadanía en general.
“Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento del proceso regulatorio. En lugar de imponer una norma, preferimos construirla junto a los sectores que representa y protege”, expresó el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián.
Durante el período de suspensión, continuará vigente el esquema anterior previsto en la Resolución 010-2002.
La Superintendencia informó que en los próximos días dará a conocer el cronograma oficial de la consulta, que incluirá audiencias públicas, habilitación de plataformas digitales y mecanismos institucionales para recibir observaciones y propuestas que contribuyan a perfeccionar la regulación del seguro obligatorio.
La medida está fundamentada en lo dispuesto por la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas, así como en las disposiciones de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria, la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo y en principios constitucionales de participación, razonabilidad y seguridad jurídica.
“La regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general”, sostuvo el titular del órgano supervisor.
Recientemente, en el Congreso de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores, el incumbente, al ser preguntado sobre el tema, dijo que esa resolución anulada hoy actualizaba la técnica de la cobertura y los límites mínimos obligatorios.
Indicó que uno de los puntos centrales del cambio es corregir la visión limitada del seguro como un requisito para evitar sanciones legales, en lugar de un verdadero instrumento de protección.
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