¡Qué lío se ha armado en el país! La Junta Central Electoral (JCE), que no está para coro ni para relajo cuando de la cédula y los registros se trata, le puso el ojo a una señora que, según las investigaciones, estaba haciéndose la falsa viuda de un oficial de la Policía Nacional para cobrarse una pensión de lo más bacana. Así como lo oye, mi gente. Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, que así es que se llama la imputada, fue apresada con una orden judicial, marcando un antes y un después en esta historia que nos deja con la boca abierta a un viaje de dominicanos.
Esto no es un chismecito de barrio, esto es un caso serio de presunta falsificación de documentos que nos toca a todos. La JCE, que tiene como misión velar por la identidad y los registros civiles, no se dejó meter un golazo con esta movida. La fiscal adscrita a la JCE, Esther María González Peguero, junto al procurador Pedro Jiménez Suero, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este, se fueron de pecho con este caso. Ellos saben que la viveza criolla es una cosa, pero la delincuencia de cuello blanco es otra muy distinta y hay que cogerla de una vez.
La historia de cómo se destapó este fraude es de película. Resulta que los familiares del oficial fallecido en 2019 empezaron a ver cosas raras, y no se quedaron callados. Alerta que te alerta, pusieron la denuncia de que Mercedes Rossó andaba por ahí como si fuera la esposa legítima del difunto, y lo peor, usando una acta de defunción que resultó ser más falsa que un billete de tres pesos. Ahí fue que la JCE dijo “Espérate, que aquí hay gato entre macutos” y empezó el tigueraje de la investigación a fondo. El chismecito se convirtió en un caso judicial de gran envergadura, demostrando que en el gobierno hay gente que sí está dándole mente a estas cosas.
Imagínense ustedes el descaro: la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado certificó que, desde abril de 2020, la señora estaba cobrando religiosamente sus RD$13,814.55 mensuales del Plan de Retiro de la Policía Nacional, más sus regalias pascuales y todos los beneficios que le correspondían a la viuda legítima. Un chelito que salía del bolsillo de todos los dominicanos para una persona que, según se ha comprobado, no tenía ningún derecho. ¡Qué fuerte!
Lo más chulo de esta investigación es cómo fueron atando cabos. Primero, el Registro Civil, que es el papá de los pollitos en esto de los matrimonios y las defunciones, certificó que no había ni un solo rastro de matrimonio entre la imputada y el oficial. Cero y van tres. Pero la cosa no se quedó ahí. La misma Mercedes Rossó se casó civilmente con otra persona en abril de 2025 (¡sí, en el futuro!), lo cual es una prueba irrefutable de que no podía ser la viuda del policía fallecido en 2019. ¿Cómo se iba a casar si ya estaba casada? Eso no tiene ni pies ni cabeza, diría mi abuela.
Y si pensaban que la cosa ya estaba jevi, esperen que les cuente más. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), otra institución que no se duerme, certificó que la supuesta viuda es propietaria de un vehículo Nissan Versa SV, año 2016, valorado en más de RD$369,000.00. No es que uno sea envidioso, pero uno se pregunta, ¿con qué dinero se compró ese carro si su única entrada “legal” era esa pensión fraudulenta? Aquí se ve claro que el dinero de la pensión, que es para apoyar a las familias de nuestros servidores públicos que dan su vida por la patria, se estaba yendo por un camino equivocado. Esas son las cosas que le dan un bacalao al sistema.
Este caso es un buen ejemplo de cómo el Gobierno, a través de sus instituciones como la JCE y el Ministerio Público, está dando la milla extra para combatir la corrupción y el tigueraje. No es solo meter a la gente presa, es mandar un mensaje claro de que con el dinero del pueblo no se juega y que la viveza tiene sus límites. La seguridad jurídica y la integridad de nuestros sistemas de pensiones son fundamentales para la confianza en el Estado. Y cuando se meten manos en un sistema de pensión policial, que es vital para la moral de nuestra uniformada, el impacto es mucho mayor. Nuestros policías trabajan con el pecho alante, y saber que sus familias serán protegidas es lo que les da fuerza.
La falsificación de documentos y el fraude son delitos graves que atentan contra la estabilidad social y económica de cualquier nación. En nuestro país, estas prácticas, lamentablemente, a veces se ven como “cosas de la vida”, pero casos como el de Dilennys Mercedes Mercedes Rossó nos recuerdan que las autoridades están atentas y que el brazo de la justicia es largo. Este tipo de situaciones nos obliga a todos a coger cabeza y a entender que el orden es importante para que el país eche para adelante.
La implicación de la JCE en este proceso es particularmente relevante porque subraya la importancia de la integridad de los registros civiles. El sistema automatizado de la JCE, que se ha ido modernizando un viaje, fue clave para desenmascarar esta trama. Sin un registro fiable, ¿cómo íbamos a saber quién es quién y quién le toca qué? Esto demuestra que las inversiones en tecnología y en la capacitación del personal están dando sus frutos. Es un palo para aquellos que creen que pueden engañar al sistema tan fácilmente. La JCE, en este caso, demostró que está en su mejor momento.
Ahora, el caso está en manos del Ministerio Público, y se espera que se apliquen todas las de la ley a la señora Mercedes Rossó. Que este sea un aviso para aquellos que andan por ahí con la mente de hacer un mal con la cosa ajena. La verdad siempre sale a la luz, aunque se tarde un chin. Aquí la gente está cogiendo conciencia y ya no es tan fácil hacer un coro con el dinero que no es de uno. ¡El que la hace, la paga, y de una vez!
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