¡Atención, mi gente! Aquí en el ‘patio’, una vaina se está cocinando con el nuevo Código Penal que tiene a más de uno con los nervios de punta, porque hasta en Washington se está prendiendo la alarma. Se habla de una ‘ley mordaza’ que podría meter en aprietos la libertad de expresión. El solo rumor de este Código Penal ya es motivo de preocupación nacional e internacional. ¡No es relajo lo que se viene encima!
Desde Estados Unidos, específicamente la administración Trump, no ven con buenos ojos que un socio clave en el Caribe se esté deslizando por una pendiente que huele a autoritarismo. Para ellos, defensores de la libre circulación de información, este no es un asunto menor; es una señal de que la democracia dominicana podría estar cogiendo el camino equivocado. Si el Estado dominicano insiste en este rumbo, el mensaje es claro: dejamos los valores de libertad por un modelo donde la crítica al poder se paga caro, ¡y eso no está de lo más bien para las relaciones diplomáticas ni para el bolsillo del país!
La historia nos recuerda que los sistemas totalitarios no necesitan un golpe de estado para amordazar a un pueblo; les basta con leyes que criminalicen la disidencia. Personajes como Hitler o Goebbels usaron el sistema legal para cambiar las reglas del juego, aprobando normas destructivas. Con este nuevo Código Penal, el temor es replicar ese ‘tigueraje’ de blindar funcionarios y castigar a quien documente un abuso, convirtiendo la fiscalización en crimen y el miedo en principal herramienta de gobierno. Es una vaina que nos trae recuerdos muy ‘jevis’ de lo que pasó allá en los 30.
La cosa se pone más candente cuando este proyecto de Código Penal choca de frente con nuestra propia Constitución. Sus artículos, como el 192 o el 310, son un golpe bajo a nuestros artículos 39, 40 y 49. ¿Cómo se habla de igualdad ante la ley si un funcionario tiene fueros especiales y un ciudadano puede ir preso por opinar? La sentencia TC/0075/16 ya dejó clarito: la cárcel no es para quienes fiscalizan al poder. Cualquier intento de ignorar este mandato debe ser declarado nulo. ¡Nuestra libertad de expresión no puede estar bajo arresto!
Las implicaciones de esta ‘vaina’ no son solo internas. Si el gobierno dominicano insiste en este camino, el costo político y económico podría ser un viaje. Los mercados internacionales no tolerarán un clima de persecución digital, y en el plano diplomático, el país podría pasar de ser un aliado estratégico a un ‘foco de contagio autoritario’. El ‘coro’ que se armaría si nos ven como una nación que le da la espalda a los derechos fundamentales, sería un retroceso carísimo, afectando inversiones, turismo y nuestra imagen global. ¡No hay quien se salve de esa!
Así que, mi gente, aunque este Código Penal aún no es ley, la resistencia y la vigilancia ya son un deber. La historia no perdona a los que intentan amordazar a su pueblo, y el mundo libre no se quedará de brazos cruzados viendo cómo se asfixia nuestra democracia. Estamos a tiempo de hacer valer nuestra voz, de exigir transparencia y de defender cada pedacito de libertad que hemos ganado. ¡No nos dejemos dar esa! Es hora de que el ‘tigueraje’ de la ciudadanía se active y demuestre que aquí, la verdad y la libertad, ¡son sagradas!Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
