La capital dominicana vio nacer un nuevo pulmón recreativo con la inauguración del Malecón Deportivo, una obra que de buenas a primeras parece una ‘vaina’ ‘bacana’ para el esparcimiento ciudadano. Con un corte de cinta el 23 de abril de 2026, este espacio de casi 1.7 kilómetros a lo largo de la avenida George Washington prometía ser un punto de encuentro ‘chulo’ para el deporte y la recreación, justo a tiempo para los Juegos Centroamericanos. El proyecto, que se concretó con una inversión cercana a los RD$334 millones, ha transformado significativamente la franja costera de Santo Domingo, ofreciendo canchas, áreas de juego y zonas de esparcimiento con el mar Caribe de fondo.
Desde su concepción, el Malecón Deportivo fue presentado como una solución vital para la escasez de espacios públicos de calidad en la ciudad, un reclamo constante del pueblo dominicano. La idea de tener un área libre para ejercitarse, disfrutar con la familia o simplemente contemplar la bahía es ‘jevi’ y muy necesaria en una metrópolis tan densa. Esto no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también potencia el atractivo turístico de la capital, mostrando una cara más moderna y funcional de Santo Domingo a visitantes y locales por igual. Es una iniciativa que, sin duda, tiene el potencial de ser un referente urbano si se mantiene en óptimas condiciones y bajo una gestión transparente.
Sin embargo, detrás de la brillante fachada del Malecón Deportivo, hay un ‘coro’ de interrogantes que han surgido en torno a su proceso de licitación. Todo arranca con el expediente ADN-CCC-LPN-2024-0016, a través del cual el Ayuntamiento del Distrito Nacional contrató la ejecución de esta importante etapa. Inicialmente, se reservaron RD$350 millones para la obra, un monto considerable que pone de manifiesto la magnitud del proyecto. La convocatoria, publicada entre Navidad y Año Nuevo de 2024, atrajo el interés de doce empresas, marcando el inicio de un proceso que, ‘asegún’ las reglas, debería haber sido un ejemplo de transparencia y libre competencia.
Lo que ocurrió después fue lo que encendió las alarmas y levantó un ‘tigueraje’ de dudas. De las doce ofertas presentadas, diez fueron descartadas en la primera fase de evaluación, la del Sobre A, sin siquiera llegar a revisar sus propuestas económicas. ¡Imagínense esa ‘vaina’! Solo dos sobres quedaron sobre la mesa para la lectura pública. Este descarte masivo y prematuro choca de frente con el espíritu de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la cual establece que en estos procesos no se debe incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes. La rapidez con la que se eliminaron a la mayoría de los participantes ha dejado un ‘viaje de’ preguntas sin respuestas claras.
Al final, las dos empresas que quedaron en pie fueron Right Construction y Malespín Constructora. Right Construction se alzó con el contrato, con una oferta de RD$333,996,688.60, que resultó ser aproximadamente RD$15 millones por debajo de su única rival. El contrato CO-005-2025 fue sellado con la firma de la alcaldesa Carolina Mejía y Edwin Antonio Marmolejos Martínez, gerente de la empresa ganadora. Aunque la adjudicación final parece haber generado un ahorro para el erario público, la forma en que se llegó a esa fase final es el punto donde la historia se pone un poco más enredada.
El expediente no detalla por qué se descartaron tantas empresas, ni quiénes fueron exactamente los peritos que tomaron esa decisión tan determinante. Pero un detalle salta a la vista: en el informe técnico definitivo, aparece la firma de Luis Alejandro Pérez. Este nombre es significativo porque una persona con un nombre similar figura en los registros como el arquitecto diseñador del Malecón Deportivo. La posible dualidad de roles —diseñador y evaluador—, si se confirma que se trata de la misma persona, representaría un claro conflicto de interés, una ‘vaina’ que debería ser inadmisible en cualquier proceso transparente de contratación pública. Además, una enmienda del 5 de febrero de 2025 menciona un ‘cambio de uno de los peritos técnicos’ sin especificar quién salió o por qué, lo que añade otra capa de misterio al asunto.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos no es solo un requisito legal, sino un deber moral hacia la ciudadanía. Cuando se invierte una cantidad tan significativa de dinero en una obra que busca beneficiar a todos, el proceso debe ser impecable, sin lugar a dudas o especulaciones de ‘tigueraje’. Las obras públicas son para el pueblo y cada peso debe ser justificado con la mayor claridad posible. El Malecón Deportivo, aunque un espacio ‘chulo’ para el disfrute de la gente, no debe llevar consigo la sombra de un proceso de licitación poco diáfano.
Es crucial que se investigue a fondo este ‘coro’ de dudas para asegurar que futuras licitaciones se realicen con la máxima transparencia y respetando la libre competencia. El pueblo dominicano merece disfrutar de sus nuevas infraestructuras con la plena confianza de que cada centavo invertido fue manejado con pulcritud. Este Malecón, que tanto prometía para el esparcimiento de la gente, no debería convertirse en otro ejemplo de procesos cuestionables, porque al final, la fe en las instituciones es una ‘vaina’ delicada que hay que cuidar.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
