La ‘Extinción de Dominio’ se está convirtiendo en un tema de peso en la República Dominicana, una herramienta legal crucial para enfrentar el ‘tigueraje’ que blanquea capitales ilícitos. A menudo, el dinero sucio de actividades como el narcotráfico termina en apartamentos, vehículos y otros bienes registrados a nombre de terceros, haciendo un verdadero relajo para la justicia perseguir a los verdaderos beneficiarios. Este fue el punto de partida de la conferencia ‘Juicios de extinción de dominio y el debido proceso’, presentada por el reconocido Jurista Colombiano Julián Andrés Pimiento Echeverri durante el VI Congreso Internacional sobre el Derecho y la Justicia Constitucional.
Asegún el jurista Pimiento Echeverri, esta figura no es una vaina que nació solo en el patio, sino que forma parte de un esfuerzo internacional que busca ‘seguir el dinero’ de la delincuencia organizada que no respeta fronteras. Este problema no solo afecta a Colombia y México, sino también a un viaje de países de Centroamérica y, por supuesto, a la República Dominicana. El país, de hecho, ‘acaba de sacar su primera reforma de extinción de dominio’, lo que evidencia la seriedad con la que se está abordando el asunto a nivel local.
Es crucial entender que la extinción de dominio es algo diferente a una expropiación, una distinción que Pimiento Echeverri se esmeró en aclarar. Mientras la expropiación reconoce la propiedad legítima y ofrece una compensación, la extinción de dominio va directamente al grano y cuestiona el origen mismo de ese patrimonio. Si los bienes provienen de actividades ilícitas, la protección del derecho de propiedad, que la Constitución dominicana contempla, no aplica de la misma manera, ya que el Estado busca afectar aquellos activos cuya procedencia es ilegítima.
El punto clave de este proceso es que no va contra la persona per se, sino contra el bien, una acción real que se centra en el patrimonio, no en una condena penal. El jurista resaltó que, en el caso dominicano, esta acción tiene un carácter autónomo y netamente patrimonial, lo que significa que no se debe confundir con un juicio criminal. Como decía Pimiento Echeverri para que la gente entendiera la complejidad: ‘blanco es, gallina lo pone, frito se come, pero no es un huevo’, una forma de explicar que aunque parezca una cosa, es otra bien diferente.
Pero, ¿y el debido proceso, klk con eso? Esa es la gran pregunta que se tiró el jurista. Él explicó que, al no ser un proceso penal, algunas garantías tradicionales no se aplican de la misma manera. Por ejemplo, según la noticia, ‘no hay presunción de inocencia, se presume todo en la fe’, lo cual cambia las reglas del juego de una vez. Además, los plazos pueden ser un dolor de cabeza, con ejemplos como Colombia donde, asegún Pimiento Echeverri, el promedio de duración de un proceso de extinción de dominio es de 17 años, un tiempo larguísimo donde los bienes quedan en el limbo.
La conferencia del jurista colombiano centró el debate en tres puntos álgidos que retan el debido proceso en la extinción de dominio. El primero, sin duda, es el tiempo y la imprescriptibilidad, un aspecto que varía significativamente entre países como Colombia, Perú y la República Dominicana, generando un coro de discusiones. El segundo tiene que ver con la presunción de inocencia y los supuestos que deben demostrarse, pues la naturaleza autónoma y patrimonial de la acción cambia el estándar y la estructura del proceso frente a un juicio penal. Finalmente, el tercer desafío apunta a la destinación de los bienes, abarcando las medidas cautelares, la venta anticipada y la responsabilidad que asume el Estado en todo este embrollo.
Al concluir su participación, Pimiento Echeverri dejó varias ideas sobre la mesa que invitan a la reflexión. Abrió el eterno debate entre los fines y los medios de la justicia, la ‘ductilidad’ del debido proceso en estos escenarios y cómo la extinción de dominio pone a prueba algunas premisas jurídicas fundamentales. Reafirmó que ‘no es derecho penal, no es sanción, es ‘solo’ una consecuencia patrimonial’, dejando claro que el objetivo es despojar a la delincuencia de los frutos de su accionar ilegal, sin que necesariamente implique una condena personal. Esta es una figura legal que, sin dudas, seguirá generando muchas preguntas y discusiones en el ámbito legal.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
