¡Klk! Firmeza contra el ‘terrorismo ambiental’: Un clamor desde el patio dominicano

¡Klk, gente! Desde el corazón de La Romana, se ha levantado un clamor que ha resonado con fuerza en el patio dominicano. El reconocido dirigente sindical del transporte y vocero de los parceleros y organizaciones comunitarias de El Gato y La Noria, Mario Díaz, ha expresado su respaldo incondicional al editorial que publicó Listín Diario. Este editorial es una vaina seria, pues demanda una firmeza ‘de una vez’ en las sanciones contra los delitos que atentan contra nuestro medio ambiente, lo que popularmente se ha venido a llamar ‘terrorismo ambiental’. Esta preocupación de Díaz y su gente no es nueva; lleva años prendida en el campo, viendo cómo las invasiones de terrenos y la depredación ambiental le quitan la seguridad jurídica a las tierras de la Reforma Agraria.

De acuerdo al reporte, el dirigente valoró como una decisión ‘jevi’ y a tiempo la iniciativa del presidente Luis Abinader de poner en marcha el Decreto 615-26. Este decreto, una herramienta bacana del Poder Ejecutivo, declara de alto interés nacional y prioridad estratégica la lucha contra este ‘terrorismo ambiental’, disponiendo una respuesta coordinada del Estado frente a agresiones graves contra nuestros recursos naturales. ¡Ya era hora de que se tomara una postura así de clara contra los que nos dañan el entorno!

Asimismo, Díaz encontró muy positiva la decisión del Gobierno de activar un plan bien pensado para enfrentar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos de la Reforma Agraria. Este plan implica un protocolo que tiene a varios ministerios y organizaciones campesinas metidas en la misma guagua, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano (IAD). Esta coordinación interinstitucional busca ponerle un para’o a la situación que por años ha mantenido en vilo a nuestros campesinos.

Esta iniciativa, según el reporte, representa una señal importante, un ‘soplo’ de esperanza, para miles de parceleros que durante mucho tiempo han reclamado la protección que merecen para las tierras que el Estado les asignó. Es una promesa de que el gobierno realizará levantamientos y evaluaciones jurídicas y territoriales de los casos denunciados, respetando el debido proceso y procurando garantizar la seguridad jurídica de esos productores que son el alma de nuestra tierra. No se trata de echar a la gente ‘a lo loco’, sino de hacer las cosas como tienen que ser.

En localidades como El Gato y La Noria, así como en Villa Hermosa, Mario Díaz ha sido una voz constante, reiterando las denuncias sobre la ocupación progresiva de terrenos que pertenecen a los Proyectos 406, 476 y 520 del IAD. La situación allí es crítica: tala indiscriminada de árboles, la fabricación ilegal de carbón y, peor aún, supuestas operaciones de comercialización de terrenos estatales por parte de gente que no tiene derechos legalmente reconocidos. Es un ‘tigueraje’ que ha estado pasando por mucho tiempo y que ahora se busca frenar.

Las organizaciones de la comunidad no se han quedado con los brazos cruzados. Han divulgado públicamente estas denuncias y, lo que es más importante, han intimado formalmente al Ministerio de Agricultura y al IAD mediante actos de alguacil. La idea es que se haga un descenso al proyecto ‘de una vez’ y se disponga un saneamiento técnico y jurídico desde cero. Díaz pide a las autoridades que profundicen las investigaciones y que, si se comprueban las denuncias, se someta a la justicia a los responsables de este descaro.

Además, el dirigente sindical reconoció la actitud positiva del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEMPA) de La Romana ante las denuncias. Sin embargo, este reconocimiento viene con una solicitud: que esa buena disposición se vea acompañada de mayores recursos humanos, logísticos y operativos. No se puede luchar con las manos vacías contra estos problemas tan graves. El SEMPA necesita más ‘pertrechos’ para que la vaina funcione.

Es vital fortalecer la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente en La Romana, dotándola de instalaciones adecuadas, más personal y, sobre todo, el respaldo de personal militar para las labores de inspección, vigilancia y protección ambiental. Díaz tiene la razón cuando dice que no basta con crear nuevas políticas ambientales si los que tienen que ejecutarlas no cuentan con las herramientas necesarias para actuar eficazmente en el territorio. ¡Así no se puede bregar!

Para Mario Díaz, el Decreto 615-26 debe ser un antes y un después en la lucha contra los que destruyen nuestros recursos naturales. Su aplicación no puede limitarse solo a los parques nacionales; tiene que complementarse con acciones legales contundentes cuando la depredación esté ligada a terrenos estatales y proyectos de la Reforma Agraria. El decreto ya establece mecanismos de coordinación, persecución penal y participación ciudadana, y el Gobierno ha prometido acciones para identificar y enfrentar las ocupaciones irregulares. Ahora lo que se necesita es acción, acción y más acción. Los parceleros de El Gato y La Noria no están pidiendo privilegios; están reclamando que se cumpla la ley, una cosa que es más que justa. Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!

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