Nueve senadores de Estados Unidos han sumado su apoyo a la Ley contra el Lavado de Activos Digitales de la senadora Elizabeth Warren, según un comunicado de la oficina de Warren.
El comunicado de prensa en la página oficial de Warren en el Senado nombra a los senadores del Partido Demócrata Gary Peters, Dick Durbin, Tina Smith, Jeanne Shaheen, Bob Casey, Richard Blumenthal, Michael Bennet y Catherine Cortez Masto, junto con el senador independiente Angus King, como los que se han unido a la coalición bipartidista que apoya el proyecto de ley. Peters es el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, y Durbin es el presidente de la Comisión Judicial del Senado.
Warren dio la bienvenida a los nuevos partidarios del proyecto de ley, declarando:
“Nuestra coalición en expansión demuestra que el Congreso está dispuesto a tomar medidas: nuestro proyecto de ley bipartidista es la propuesta más dura sobre la mesa para tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de las criptomonedas y dar a los reguladores más herramientas.”
Este proyecto de ley también ha sido respaldado por Transparency International U.S., Global Financial Integrity, la National District Attorneys Association, la Major County Sheriffs of America, el National Consumer Law Center y la National Consumers League.
Warren reintrodujo la Ley contra el Lavado de Activos Digitales, junto con los senadores Joe Manchin, Roger Marshall y Lindsey Graham, en julio de 2023. En su versión actual, el documento pretende tomar medidas enérgicas contra los monederos digitales no custodiados, ampliar las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario, establecer un examen de cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y otras medidas legales para luchar contra el uso ilícito del dinero digital.
Warren cree que existe una “brecha de USD 50,000 millones en criptoimpuestos”, y que el Servicio de Impuestos Internos y el Tesoro de Estados Unidos corren el riesgo de dejar de percibir aproximadamente USD 1,500 millones en ingresos fiscales para el ejercicio de 2024 si se retrasa la actualización de la política fiscal.
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