En la República Dominicana, donde la justicia a menudo se siente como una señora ciega con la balanza medio chueca, se ha puesto en evidencia una disparidad salarial que, la verdad, está de lo más mal. Hablamos de la brecha económica que separa a nuestros fiscales de nuestros jueces, una vaina que, si bien no es nueva, ahora mismo está en boca de todo el mundo y tiene a los magistrados con un pie en la calle.
Asegún se ha destapado, la diferencia de sueldos entre estos dos pilares del sistema judicial es tan marcada que da pena, sobre todo en los rangos más altos. Mientras los jueces disfrutan de un tren de vida con mejores salarios, los fiscales, que muchas veces se echan encima el trabajo más pesado de la investigación y la persecución, andan con menos efectivo en el bolsillo. Esta desigualdad salarial no solo ‘afea’ el sistema, como bien dicen, sino que podría impactar en la motivación y hasta en la eficiencia de quienes representan al pueblo en cada acusación.
Lo curioso es que ambos presupuestos, tanto el del Poder Judicial como el del Ministerio Público, los fija el Poder Ejecutivo. Pero la autonomía con la que cada Consejo maneja la asignación de fondos ha creado este desequilibrio. Es como si en la misma casa, a los hermanos les dieran mesadas diferentes sin una justificación clara de por qué uno trabaja más duro con menos recursos. Y no es que los jueces no trabajen, ¡claro que sí!, pero el Ministerio Público, con Yeni Berenice Reynoso al frente del Consejo Superior, y el Poder Judicial, con Luis Henry Molina, tienen sus propios libretos.
La indignación ha llegado a tal punto que los jueces han convocado un paro de labores para el 21 de mayo, pidiendo un reajuste salarial que vaya de acuerdo con la alta responsabilidad que tienen. Eso es un pleito serio, porque un paro judicial puede paralizar un viaje de casos, afectando a la gente de a pie que espera que sus problemas se resuelvan. Y es que no es solo cuestión de dinero, sino también de reconocimiento a la complejidad y el riesgo que implican sus funciones.
Si nos vamos a los números, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, se lleva un sueldo de RD$423,000, más otros RD$105,000 adicionales. Mientras tanto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, apenas llega a RD$300,000, con beneficios que no alcanzan a los de sus colegas de la judicatura. Y esta tendencia se mantiene hacia abajo: un juez de la Suprema gana RD$421,000, pero un procurador general adjunto, con una responsabilidad similar, se queda en RD$324,000. Es una vaina que te pone a pensar.
El caso de los fiscalizadores es, sin duda, el más ‘fuerte’. Un fiscalizador, que está en la primera línea de la justicia, gana apenas RD$69,000. ¡Dígame usted! Cuando un juez de paz, cuya función es equivalente en el sistema de primera instancia, se está llevando RD$140,000. Es prácticamente el doble. Esto no es solo una falta de equidad, sino que puede desmotivar a talentos importantes a la hora de decidir dónde poner su servicio. ¿Quién va a querer ‘fajarse’ tanto por la mitad del sueldo?
Más allá de los salarios, es fundamental entender que, aunque con roles distintos, ambos, fiscales y jueces, son piezas clave para que el sistema de justicia funcione. El fiscal investiga y acusa; el juez juzga. Ambas son funciones de peso y requieren de un compromiso ético y profesional del más alto nivel. Desvalorizar una de las partes, especialmente la que a menudo inicia el proceso penal, es un riesgo para la percepción de justicia y la lucha contra la impunidad en nuestro país. Ojalá y se llegue a un acuerdo para que esta brecha salarial no siga agrandándose. Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
