En la República Dominicana, el compromiso con las personas dentro del espectro autista sigue avanzando, aunque con sus ‘vainas’. Recientemente, Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa, levantó la voz sobre el programa Integra, diseñado para dar una mano amiga a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Asegún sus palabras, el financiamiento actual, que se cuantifica en 200 millones de pesos anuales, no es suficiente para la magnitud de la demanda, pero sí logra cubrir a unos 3,000 menores, una cantidad significativa que muestra el esfuerzo, aunque haya un ‘viaje’ de camino por recorrer.
El programa Integra, desde su génesis, ha sido un pilar fundamental para visibilizar y garantizar que el acceso a la salud sea un derecho para todos, especialmente para esta población vulnerable. Enfocado en la franja de edad de dos a diez años, Integra no solo abarca las terapias esenciales, sino que también contempla el tratamiento farmacológico cuando es necesario. Este tipo de iniciativa es de lo más chulo, pues impacta directamente en la calidad de vida de los infantes y sus familias, buscando una inclusión más efectiva en nuestra sociedad.
La conversación sobre el autismo ya no es un ‘tabú’ en el país; se ha ido posicionando como un tema de interés nacional gracias al esfuerzo incansable de padres, cuidadores y diversas organizaciones sociales. Mayra Jiménez, de Supérate, enfatizó cómo esta condición no solo afecta al individuo, sino que permea la vida familiar, impactando en las finanzas, las oportunidades laborales y la dinámica social. Es una verdad que se vive en muchos hogares dominicanos y que requiere de una respuesta estatal integral y con sentido humano.
En este sentido, la Ley 34-23, promulgada en junio de 2023, representa un paso de avance ‘jevi’. Esta normativa no solo reconoce a las personas con TEA como parte de la población con discapacidad, sino que busca garantizar un diagnóstico temprano, acceso a terapias, cobertura de seguro —ahí es donde Senasa juega un papel clave— y una educación inclusiva. El decreto 403-24, que establece su reglamento, refuerza este compromiso, sentando las bases para que estas garantías sean una realidad y no se queden solo en el papel.
La visión de la salud como un derecho social, no solo individual, fue un punto central en el 2do Foro Nacional sobre la aplicación de esta ley, organizado por Conadis. Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social, destacó la importancia de que el Estado y la sociedad garanticen los derechos fundamentales de cada persona. Esto implica poner a las familias en el centro, como el primer entorno de apoyo y defensa de estos derechos, construyendo puentes reales de inclusión y apoyo, que es lo que realmente hace la diferencia en el día a día.
Aunque hay avances importantes, el ‘tigueraje’ está claro que aún persisten desafíos significativos. El financiamiento es uno de ellos. Un programa como Integra, con una población creciente de beneficiarios, requerirá de más recursos para expandir su alcance y mejorar sus servicios. Es un llamado a la acción para que todos, desde el gobierno hasta la sociedad civil, sigan trabajando de la mano para fortalecer estas iniciativas y asegurar que cada niño con TEA tenga la oportunidad de desarrollar todo su potencial en un ambiente de respeto e inclusión. Esto es una vaina que nos compete a todos, ‘de una vez’.
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