Panorama Nacionales._ Seis meses después de la implementación de las 15 medidas migratorias del gobierno de Luis Abinader, el Colectivo Migración y Derechos Humanos denunció impactos negativos en derechos fundamentales, economía y salud de la población, especialmente de personas inmigrantes.
La organización reporta detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y malos tratos, incluyendo agresiones sexuales durante operativos. También señalan obstáculos al debido proceso, falta de información y separaciones familiares, afectando con mayor gravedad a mujeres, niñas y niños. Denuncian además cobros irregulares para evitar deportaciones o reingresar al país, lo que, según el Colectivo, genera circuitos de corrupción dentro de la Dirección General de Migración (DGM).
El Colectivo cuestiona la actuación del Consejo Económico y Social (CES), alegando cambios metodológicos que limitan la participación de actores originalmente contemplados y distorsionan los canales de representación. Reclaman reglas claras, deliberación plural y rendición de cuentas en decisiones migratorias y de seguridad fronteriza.
En el plano económico, la organización advierte que la construcción, altamente dependiente de mano de obra migrante, registró una caída interanual en la primera mitad del año. Sin vías de regularización laboral, la informalidad sigue afectando productividad, seguridad social y encadenamientos sectoriales como cemento, acero y transporte.
La salud también se ha visto afectada. Protocolos restrictivos han disuadido a migrantes de acudir a hospitales, con impactos en la vacunación infantil y atención a mujeres embarazadas y puérperas. El Colectivo señala que esta situación pone en riesgo la protección frente a enfermedades prevenibles y vulnera derechos fundamentales.
El informe alerta sobre la propuesta de limitar la movilidad de trabajadores migrantes a ciertas zonas y sectores, calificándola de retroceso con rasgos neoesclavistas. La organización demanda archivar medidas restrictivas y propone garantizar derechos y debido proceso, regularización laboral, acceso sanitario universal y transparencia en operativos migratorios.
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