Las medianas y grandes empresas que no migraron a la facturación electrónica después del 15 de noviembre, fecha límite establecida por la Ley 32-23, se encuentran ahora en un escenario de incumplimiento formal que puede derivar en multas, rechazo de comprobantes y verificación tributaria intensiva por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Así lo advirtieron expertos de Alanube, proveedor autorizado de facturación electrónica, tras la entrada en vigor plena del sistema de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) en el país.
De acuerdo con los análisis de la compañía, el incumplimiento no genera un cierre inmediato de las operaciones, pero sí activa mecanismos sancionatorios previstos en la normativa. Estos incluyen multas que pueden alcanzar entre cinco y treinta salarios mínimos, la invalidez de comprobantes no electrónicos para efectos de deducción fiscal y la posibilidad de suspensión temporal del número de comprobante fiscal (NCF), una medida que impide facturar y que, según especialistas, representa uno de los mayores riesgos operativos para el sector corporativo.
Para Alberto Puente, especialista en transformación empresarial y cumplimiento digital de Alanube, el momento actual exige que las empresas actúen con rapidez y claridad técnica. “El plazo ya venció. Toda empresa que no esté emitiendo e-CF hoy está en incumplimiento formal, lo que la expone a recursos de verificación y sanciones. No se trata de generar alarma, sino de que el sector empresarial entienda que ya no estamos hablando de una transición futura: el sistema está en vigor y la DGII puede requerir información o iniciar revisiones en cualquier momento”, afirmó.
El experto explicó que muchos de los retrasos detectados en la migración responden más a falta de orientación que a dificultades tecnológicas. “Las organizaciones que no avanzaron, en la mayoría de los casos, no lo hicieron por desconocimiento del proceso o interpretación insuficiente de los requisitos. Con acompañamiento adecuado, la migración puede completarse sin fricciones y en tiempos razonables”, agregó.
Alanube señaló que la regularización inmediata es la vía más efectiva para evitar sanciones y garantizar continuidad operativa. Iniciar el proceso de certificación ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ajustar los sistemas internos e integrarse con un proveedor autorizado son los pasos prioritarios para las empresas que aún se mantienen fuera del sistema. Según el vocero, esta etapa representa también una oportunidad para fortalecer la trazabilidad financiera. “Migrar ahora no solo es cumplir: es mejorar procesos internos, asegurar la validez fiscal de las operaciones y prepararse para un entorno tributario que, sin duda, seguirá avanzando hacia la digitalización total”, puntualizó Puente.
Sobre Alanube
Alanube es un proveedor autorizado por la DGII especializado en soluciones de facturación electrónica para empresas de mediano y gran volumen en República Dominicana. Fundada en 2020, la compañía ofrece implementación técnica, acompañamiento tributario y procesos de certificación para garantizar el cumplimiento de la Ley 32-23.
