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La marca Café Kaldi sirvió de fachada para atraer inversores en el esquema delictivo, según reporte.
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El fiscal informó que el perjuicio económico derivado del caso supera los 1,5 millones de dólares.
José Youssef Boutros, propietario del Café Kaldi en Venezuela de origen árabe, fue condenado a 18 años de prisión por estafa, legitimación de capitales y asociación delictiva, valiénose de criptomonedas, informó este miércoles el Fiscal General del país, Tarek William Saab.
El sujeto, por medio de artificios y con la participación activa de una corredora inmobiliaria, presentaba falsas propuestas de inversiones a multiplicidad de víctimas. Y, según comunicó el fiscal, no cumplía con lo pactado, lo que ocasionó un daño patrimonial que supera los 1,5 millones de dólares (USD).
La medida llega un año después de que, en diciembre de 2024, anunciara la detención de Boutros tras descubrir un complejo esquema de fraude mediante investigaciones. Por entonces, el fiscal señaló que, mediante engaños, se valía de criptomonedas y estructuras fraudulentas para robar a múltiples víctimas.
Promesas falsas e intimidaciones
Según un informe del Ministerio Público al que accedió la prensa local, el Café Kaldi funcionaba como una fachada para captar inversores: en sus locales se ofrecía cambio de divisas al precio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) o al valor de la stablecoin tether (USDT) en el mercado paralelo, prometiendo retornos lucrativos.
El reporte indica que esto resultaba atractivo para ciudadanos, pero luego desde el café les advertían que debían «techar» sus fondos antes de poder cobrarlos, reteniendo el dinero. Sostiene, además, que los agresores intimidaban a las víctimas asegurando que Boutros mantenía estrechos vínculos con un gobernador y un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional.
Este caso se suma a una serie de investigaciones de presuntas estafas ligadas a criptomonedas que han afectado a venezolanos. Como reportó CriptoNoticias, en abril la Fiscalía abrió una investigación contra HV IJEX, una plataforma acusada de operar un esquema ponzi y dejar sin acceso a sus ahorros a unas 80.000 personas en Venezuela y Colombia, prometiendo rápidas ganancias a través de inversiones en criptoactivos.
