Panorama Nacional. Varias entidades denunciaron a un empresario de causar la depredación ambiental en los ríos del distrito municipal La Guázara en Barahona, debido a la explotación minera encabezad por un empresario de Baní.
A través de un comunicado de prensa, la Fundación de Protección del Medio Ambiente de la Región Enriquillo, la Asociación Incorporada de la región y una coalición de organizaciones sociales locales, emitieron la alerta sobre un serio deterioro ambiental en cinco ríos del área de La Guázara, provocadas presuntamente por el empresario Maikel González.
Los denunciantes afirman que el caudal hídrico de los ríos ha disminuido significativamente, comprometiendo no solo la biodiversidad local sino la seguridad de las comunidades aledañas.
Esta situación se atribuye principalmente a la operación ilegal de maquinaria pesada que extraen materiales sin controles adecuados, afectando directamente los cauces fluviales y el equilibrio del ecosistema.
Los expertos ambientales y activistas explican que La Guázara, al estar formada por lomas que actúan como muros naturales de contención frente a huracanes y ciclones, es fundamental para la protección frente a desastres naturales en zonas como Cachón, Cabral y otras comunidades cercanas. La destrucción de estos ecosistemas representa no solo un daño ecológico sino un riesgo para miles de habitantes que dependen de esta barrera natural.
Precisan que Maikel González, conocido empresario minero residente en Baní, ha sido el centro de varias protestas sociales y ambientales en los últimos años. Diversas organizaciones han cuestionado sus prácticas, incluyendo la extracción no regulada en áreas protegidas como Las Dunas de Baní, Azua, Cachón y la sierra de San Cristóbal.
De hecho, en marchas masivas de más de 3,000 personas, agrupaciones sociales lograron detener temporalmente algunas de sus operaciones por presuntas violaciones a la ley ambiental y daños al patrimonio natural.
Las investigaciones actuales sugieren que González habría adquirido ilegítimamente derechos mineros a través de familiares de otros titulares como la esposa de Bolívar Ventura, en un contexto de separación legal, para continuar actividades bajo nuevas figuras jurídicas, donde se menciona que ha pagado alrededor entre 400 y 500 millones de pesos para la compra y explotación minera sin respetar normativas ambientales ni sociales.
El caso de Maiker González se inscribe en un patrón donde empresarios con redes de poder evaden la supervisión mediante permisos ilegales, presiones políticas y corrupción administrativa.
Diversos medios nacionales como Listín Diario, Diario Libre, y El Caribe han reportado casos similares donde urgencias ambientales se confrontan con intereses económicos y políticos.
La Fundación de Protección del Medio Ambiente remitió tales evidencias al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) para que realicen las investigaciones correspondientes.
Según los denunciantes que pertenecen tanto a las organizaciones sociales, religiosas, educativas y deportivas de la zona, el director regional de Medio Ambiente en Barahona, David López, estaría vinculado a actos de encubrimiento y complicidad con estos abusos, permitiendo la continuidad de las operaciones ilegales en detrimento de la naturaleza y la población local.
Estos señalamientos no solo resaltan una crisis ecológica sino también una profunda crisis institucional y política que impide la protección efectiva del medio ambiente en la región.
